Facua, Consumidores en Acción informa de que en el primer trimestre de 2017, el número de desahucios practicados en España fue de 17 055 (más de 189 cada día), lo que supone un aumento del 2,2 % en tasa interanual y la primera subida tras siete trimestres ininterrumpidos de descensos, según datos del CGPJ.
Según el órgano de gobierno de los jueces, este incremento obedece al aumento de los desahucios de inquilinos y no de propietarios, derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9612 (56,4 % del total) y subieron un 5,8 % respecto al primer trimestre de 2016. Sin embargo, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue un 26,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Facua reclama un parque de viviendas públicas de alquiler que permita alojar a las personas con menos ingresos y denuncia que el mercado privado de alquileres es insuficiente, además de altamente especulativo.
La asociación recuerda que en su día se opuso a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), porque el argumento de «agilizar los desahucios a morosos» no era más que una cortina de humo con la que el Gobierno pretendía recortar derechos a los usuarios. La asociación considera que no se puede tratar del mismo modo a un «moroso profesional» que a quien, por tener recursos limitados, no puede hacer frente a una subida de la renta arbitraria.
Facua entendía que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbamos beneficiaba a los arrendadores, que podrían deshacerse con facilidad de los inquilinos para alquilar los inmuebles a precios más elevados. La asociación se pregunta si tras el aumento de los desahucios a arrendatarios registrado en el primer trimestre del año no se encuentra el afán especulativo de los arrendadores, amparados en una ley injusta con los más débiles.
La asociación insiste en que la Admininstración pública debe adoptar medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de los inmuebles, muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su puesta a disposición de las personas y colectivos con menos recursos, y exige también medidas para facilitar el realojo efectivo e inmediato de las personas desahuciadas de sus hogares.
Los lanzamientos registrados en el primer trimestre del año afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a la vivienda habitual. Por comunidades autónomas, Catalunya es donde se practicaron más desahucios (3728, el 21,9 % del total), y a ésta le siguen Andalucía (2927), la Comunidad Valenciana (2358) y Madrid (1843). Sólo estas cuatro comunidades concentraron el 63,7 % de todos los lanzamientos practicados en España en el periodo mencionado.
Teniendo en cuenta únicamente los desahucios derivados de la aplicación de la LAU, Catalunya continúa al frente en este ránking, con un total de 2422. Después van Madrid (1346), Andalucía (1262) y la Comunidad Valenciana (1117). El orden cambia en relación con los desahucios debidos a ejecuciones hipotecarias, en los que Andalucía ocupa la primera posición, con 1515, y tras ella van la Comunidad Valenciana (1165), y Catalunya (1118).
Facua criticó que la Ley de Arrendamientos Urbanos, revisada en 2015, reducía de 5 a 3 años la duración efectiva de los alquileres y de tres a un año las prórrogas del contrato. Además, el IPC dejaba de ser el criterio para la actualización de la renta.
