La Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una organización que estafó seis millones de euros a miles de víctimas en todo el mundo mediante cargos fraudulentos en sus tarjetas bancarias, informa Facua, Consumidores en Acción.
Según ha detallado la Policía, la red obtenía la numeración de las tarjetas de crédito y débito vulnerando los sistemas de seguridad de comercios electrónicos o comprando los datos ilegales a terceros. Posteriormente, el dinero obtenido era blanqueado mediante un complejo entramado de empresas ficticias creadas al efecto.
En total, han sido detenidas seis personas en Zaragoza, Madrid y A Coruña, y se han detectados estafas en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, por lo que la cifra defraudada podría ser mucho mayor.
La investigación comenzó a partir de la denuncia interpuesta por una entidad bancaria que alertaba sobre numerosos transacciones cargadas en las tarjetas bancarias de sus clientes de forma fraudulenta. Aunque las víctimas seguían en posesión de dichas tarjetas, aparecían cargos supuestamente efectuados en una empresa mercantil de A Coruña sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas. En total, el importe defraudado que denunciaba este banco ascendía a 14 000 euros.
En una primera fase, el rastreo de los fondos se vio dificultado por el amplio circuito de empresas fantasma que la organización había establecido al objeto de evitar ser detectados por la Policía. Se trataba de una organización internacional con ramificaciones en España, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.
Los miembros de la organización asentados en Costa Rica eran los encargados de obtener ilegalmente los números de las tarjetas de crédito y débito, recurriendo a métodos muy dispares. Podían vulnerar los sistemas de seguridad de comercios electrónicos para obtener los datos de compra online de los usuarios, o bien comprando la información a terceros.
Por otro lado, la rama asentada en España, y en connivencia con los miembros de Costa Rica, creaba sociedades fantasmas y contrataban terminales de punto de venta (TPV). Tras recibir las numeraciones de las tarjetas desde Costa Rica, efectuaban los cargos en ellas a través de esos TPV.
Finalmente, el dinero obtenido ilícitamente era transferido a las sociedades creadas por la organización, nacionales y extranjeras, a través de las cuales circulaba para dificultar el seguimiento de sus movimientos y una posible investigación policial.
