Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha asegurado que el gobierno actuará de forma proactiva hacia los delitos de odio que tienen lugar en nuestro país hacia las personas con discapacidad. Esta política, según sus palabras, será dialogada y transversal.
Es innegable el avance a nivel legislativo de todo lo relacionado con las políticas a favor de la discapacidad si bien es cierto, que la prevención de los delitos de odio y discriminación aún, según los datos actuales, deben proteger y asistir a las víctimas que son vulnerables y están desvalidas.
«Es necesario establecer canales de comunicación para que las personas tengan claro», comenta Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), y que sepan en qué consiste un delito de odio. Es algo más que una agresión física. Es necesario saber dónde se puede acudir, qué tienen que hacer en caso de ser víctimas y deben garantizar que esos recursos y canales sean accesibles.
La ministra Carmen Montón en la sesión de control al gobierno respondía a la senadora del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Virginia Felipe sobre las medidas que pensaba llevar a cabo el ejecutivo contra los delitos de odio, los cuales aumentaron un 15,9 % en 2016, según el informe anual de 2017 del Defensor del Pueblo.
«Es necesario un diálogo con los diferentes agentes y concienciar y poner en marcha diferentes acciones», respondía la ministra. «Tenemos que buscar medidas que hablen de una respuesta preventiva, de sensibilización y de aplicación efectiva de las leyes dado que aún queda mucho margen de mejora», añadía.
Las acciones estarán orientadas al sistema educativo en primer lugar; a los medios de comunicación y a programas de formación y a la sensibilización para que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y sus derechos en todas las organizaciones, de acuerdo con lo que promueve la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«El gobierno de España tiene un compromiso para avanzar en un modelo de convivencia y para eliminar todas las barreras que dificultan a las personas con discapacidad para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones», afirmaba la ministra.
COCEMFE ha tendido la mano a la ministra Montón para que cuente en esta etapa con el movimiento asociativo de manera permanente como interlocutor válido para que las politicas del país, respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad de forma que se puedan impulsar el ejercicio de sus derechos.
