Según citan las investigaciones promovidas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Instituto de la Juventud INJUVE del año pasado, la juventud con discapacidad experimenta en España, amenazas evidentes a sus expectativas tanto de inclusión social, como el ejercicio de derechos y acceso a bienes sociales.
La encuesta de integración social y salud, aplicada en 2012, cifra en España 398.773 jóvenes entre 15 y 30 años que han declarado tener alguna discapacidad, si bien el 54 % corresponde a las mujeres. Si existieran de facto las condiciones adecuadas de igualdad de oportunidades en contextos regulares de formación, inserción laboral y accesibilidad a bienes, productos y servicios, los jóvenes podría considerarse autónomos.
Ahora bien, existe una desigualdad entre varones y mujeres, así como otros elementos que definitivamente impiden el desarrollo de las personas con discapacidad, como puede ser el acceso a la educación. Si a ello le sumamos la falta de acceso a recursos para emprender una vida autónoma con un empleo digno y una vivienda accesible, hablamos una vez más de diferencias notables con respecto a la población que no padece una discapacidad.
Asimismo, el colectivo joven entre 16 y 30 años, presentan niveles educativos inferiores que sus iguales sin discapacidad y las mujeres, representan el colectivo más perjudicado.
Si además le añadimos la precarización laboral, la falta de medidas de fomento del empleo, el autoempleo y la creación de una actividad empresarial, vemos cómo la perspectiva que tienen los jóvenes con discapacidad queda lejos de la idea inclusiva que la sociedad vende como propuesta mejorada para un colectivo que sigue siendo a todas luces vulnerable y cuyos derechos humanos se ven comprometidos en los conceptos básicos en donde una persona debe desarrollarse como tal.
