En un acto que ha generado indignación internacional, las autoridades iraníes han ejecutado en secreto a Reza Rasaei, de 34 años, perteneciente a las minorías kurda y yaresaní, por su participación en el levantamiento «Mujer Vida Libertad» que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022.
Según informa Amnistía Internacional, la ejecución se llevó a cabo sin previo aviso a su familia o a su abogado, destacando una vez más el uso de la pena de muerte como herramienta para silenciar la disidencia.
La directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, expresó su profunda preocupación por el caso, señalando que esta ejecución «destapa hasta qué punto el sistema de justicia penal de Irán está corrompido hasta la médula».
Según Eltahawy, las autoridades iraníes continúan utilizando la pena de muerte para infundir miedo y reprimir políticamente a la población, lo que se evidencia en la represión contra los manifestantes del movimiento «Mujer Vida Libertad».
Este caso se suma a una serie de ejecuciones que han tenido lugar en Irán tras el levantamiento «Mujer Vida Libertad«, un movimiento que surgió en respuesta a la represión del régimen teocrático de los ayatolás y que busca derechos fundamentales para las mujeres y la sociedad en general.
La ejecución de Reza Rasaei, la décima relacionada con este levantamiento, subraya la urgencia de implementar reformas constitucionales, jurídicas y políticas para detener las violaciones de derechos humanos en el país.
Ejecución sumaria
Reza Rasaei fue detenido y condenado a muerte tras un juicio considerado como injusto y basado en confesiones obtenidas bajo tortura. Durante su detención, Rasaei fue sometido a múltiples formas de maltrato, incluyendo violencia física y sexual.
La ejecución se produjo el 6 de agosto de 2024 en la prisión de Dizel Abad, provincia de Kermanshah, a las cinco de la mañana, hora local, sin que su familia tuviera la oportunidad de despedirse. Tras la ejecución, los familiares fueron obligados a enterrar el cuerpo en una ubicación remota y en presencia de las fuerzas de seguridad, aumentando así su sufrimiento.
Amnistía Internacional ha pedido repetidamente al régimen iraní la suspensión de todas las ejecuciones, con el objetivo de abolir la pena de muerte. Desde el levantamiento, el uso de la pena capital se ha intensificado, con al menos 853 ejecuciones registradas en 2023, y 274 en el primer semestre de 2024.
La organización insta a la comunidad internacional a actuar y considerar la jurisdicción universal para perseguir a aquellos responsables de crímenes de derecho internacional en Irán.
La situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo crítica, y la reciente ejecución de Reza Rasaei es un doloroso recordatorio de la necesidad de una acción global para proteger a los individuos y promover la justicia en el país, concluye Amnistía.
