Laura Fernández Palomo
La suspensión del único periódico independiente de Bahréin ha durado solo dos días. Las negociaciones que mantuvieron los responsables del medio bahrení con el Gobierno prosperaron, pero eso no significa que hayan quedado satisfechos porque el cierre repentino es otra muestra más de la “frágil libertad de expresión” que hay en el país, como declaran desde la dirección de Al Wasat.
La decisión llegó el jueves por la noche, vía fax, desde la Autoridad de Asuntos de Información. La nota, que también recogería la agencia de noticias estatal (BNA, por sus siglas en inglés), alegaba «violación de la ley y la difusión repetida de información que afecta a la unidad nacional y a la relación del reino con otros países» y exigía la detención inmediata de la edición del viernes. Hoy, Al Wasat puede volver a publicar.
Desde 2011, Bahréin registra continuas protestas proreformistas de la mayoría chií de la población contra la monarquía absoluta suní de los Al Jalifa. Ya al inicio de estos movimientos opositores Al Wasat fue suspendido por las autoridades y el redactor jefe, Mansoor al-Jamri, fue condenado a pagar una multa por “publicar información falsa”. Al Jamri recibiría ese año el CPJ International Press Freedom Award.
Estados Unidos impuso en 2011 la prohibición de asistencia de seguridad, que incluía la venta de armas, por la excesiva fuerza utilizada contra manifestantes pacíficos que provocó decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos; pero el pasado 29 de junio, el Departamento de Estado decidió levantar la suspensión por el “progreso en materia de derechos humanos en ese país”.
Un diagnóstico que no muestran los informes de las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que cuatro años después del levantamiento, recoge un abuso generalizado contra la disidencia que incluyen tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de los aparatos de seguridad. Human Rights Watch ha instado a la Administración estadounidense a «replantearse urgentemente el reciente levantamiento de la prohibición de venta de armas a este régimen represivo”.
La monarquía autoritaria sigue estrechando el cerco a la disidencia. En diciembre del año pasado el secretario general del principal partido de oposición Al Wefaq, Sheij Salmán, fue arrestado después de que la familia real Al Jalifa le acusara de intentar provocar un cambio de régimen y colaborar con potencias extranjeras.
El pasado lunes el ministro de Información bahreiní, Isa al Hamadi, amenazó con que tomarían medidas legales «para impedir la publicación de información falsa y engañosa», tras lo que el columnista Hani al Fardan, fue amenazado por un artículo publicado en al Wasat en el que criticaba la campaña gubernamental en las redes sociales contra miembros de la oposición acusados de “traidores”.
Sin embargo, pese a las reiteradas denuncias, Bahréin sigue fuera del foco y solo llega a portada a través de una imagen edulcorada con la celebración de la Fórmula 1. Un evento mundial que indigna a los bahreiníes porque consideran que legitima al régimen de la familia real Al Jalifa, que controla todo el entramado de poder desde hace 200 años.
