El Europarlamento exige cumplir las normas medioambientales en toda la cadena de valor

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) han allanado el camino para una nueva ley de la Unión Europea (UE) que exige que las empresas cumplan las normas medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de valor.

UNICEF/Khan: La incineración de basura contribuye gravemente a la contaminación del aire y al calentamiento global
UNICEF/Khan: La incineración de basura contribuye gravemente a la contaminación del aire y al calentamiento global

En un proyecto de iniciativa legislativa se pide a la Comisión Europea (CE) que presente urgentemente una ley que garantice que las empresas rinden cuentas y responden cuando dañan -o contribuyen a dañar- los derechos humanos, el medio ambiente y buen gobierno. También debe garantizar el acceso a los recursos legales para las víctimas.

Sostenibilidad y buen gobierno

Las normas vinculantes de diligencia debida de la UE obligarían a las empresas a identificar, abordar y remediar aspectos de su cadena de valor (todas las operaciones, relaciones comerciales directas o indirectas, cadenas de inversión) que podrían infringir o infringen los derechos humanos (incluidos los derechos sociales, sindicales y laborales), el medio ambiente (incluida la contribución al cambio climático) y la buena gobernanza.

Todas las empresas que quieran acceder al mercado interior de la UE, incluidas las establecidas fuera de la UE, deberían demostrar que cumplen con las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambientales.

Los eurodiputados piden medidas adicionales, incluida la prohibición de importar productos vinculados a graves violaciones de derechos humanos, como el trabajo forzoso o infantil. Estos objetivos deberían incluirse en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la UE.

Los eurodiputados también enfatizan que para garantizar una reparación efectiva a las víctimas, las empresas deben ser consideradas responsables de sus acciones y ser multadas por causar daños o contribuir a ellos, a menos que puedan demostrar que han actuado de conformidad con las obligaciones de debida diligencia y tomado medidas para prevenir tal daño. Los derechos de las víctimas o las partes interesadas en terceros países, que son especialmente vulnerables, también estarían mejor protegidos.

Cualquier futuro marco legislativo sobre la debida diligencia debería ser amplio y aplicarse a todas las grandes empresas de la UE, incluidas las que prestan servicios financieros. Las normas también deben aplicarse a las PYME que cotizan en bolsa y las PYME de alto riesgo, que deberían recibir asistencia técnica para cumplir con los requisitos.

«Una nueva ley sobre diligencia debida empresarial establecerá el estándar para la conducta empresarial responsable en Europa y más allá. Las empresas ya no podrán dañar a las personas y al planeta sin rendir cuentas», dijo la relatora Lara Wolters (S&D, NL) .

«Las nuevas reglas harán que las empresas sean legalmente responsables de evitar y limitar los riesgos en toda su cadena de valor. Les otorgarán a las víctimas el derecho legal a recibir apoyo y buscar reparación, y garantizarán la equidad, la igualdad de condiciones y la claridad jurídica para todas las empresas, trabajadores y consumidores», agregó.

Antecedentes

Los marcos internacionales existentes sobre diligencia debida, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales , han demostrado que un enfoque voluntario no aborda suficientemente los impactos negativos de las actividades comerciales globalizadas.

Un estudio de la Comisión publicado en febrero de 2020 encontró que solo una de cada tres empresas de la UE está tomando medidas de diligencia debida, mientras que alrededor del 70 por ciento de las empresas europeas encuestadas apoyan las normas de diligencia debida en toda la UE.

Durante un intercambio de puntos de vista con la Comisión de Asuntos Jurídicos, el comisario de Justicia Reynders prometió que la próxima propuesta legislativa, prevista para la primera mitad del año, será una parte integral del Pacto Verde Europeo y el Plan Europeo de Recuperación.

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