En virtud de un proyecto de ley aprobado este 11 de julio de 2023 por el Parlamento Europeo, periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, activistas, investigadores y artistas estarán protegidos en la Unión Europea (UE) frente a las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP), cuyo objetivo es intimidarlos y penalizarlos.
Con 498 votos a favor, 33 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara adoptó su posición negociadora sobre unas nuevas normas para proteger a quienes trabajan en asuntos de interés público, como los derechos fundamentales, las actividades de los funcionarios públicos o las acusaciones de corrupción.
Aplicación transfronteriza
Las nuevas normas deberán aplicarse en casos transfronterizos cuando la persona demandada, la demandante y el tribunal no estén radicados en el mismo país, o cuando el acto de participación pública —ya sea un artículo de prensa, una publicación en redes sociales, un vídeo, un trabajo de investigación o una obra de arte—, tenga relevancia en más de un Estado miembro y sea accesible por vías electrónicas.
El proyecto de directiva prevé garantías para las víctimas de DECPP, incluida la posibilidad de solicitar la desestimación temprana de la demanda, en cuyo caso el demandante tendrá que demostrar que su caso no es infundado.
El demandante también tendría que cubrir todos los gastos del proceso, incluida la representación legal de la persona demandada, y podría ser sancionado.
Por otro lado, la víctima de la DECPP podría solicitar una indemnización, también por daños psicológicos o a su reputación.
Para intentar evitar que se elija al tribunal con mayor probabilidad de favorecer al demandante, los casos de difamación solo serían admisibles en el tribunal nacional del demandado.
Los Estados miembros no deberán reconocer las sentencias de terceros países en DECPP contra personas físicas y empresas que residan en su territorio y deberán permitir que los afectados sean indemnizados ante los tribunales nacionales.
Asistencia nacional y formación
Los eurodiputados quieren que los Estados miembros de la UE establezcan ventanillas únicas donde las víctimas de DECPP puedan obtener información y asesoramiento.
También instan a las autoridades nacionales a que proporcionen asistencia financiera, jurídica y psicológica a las personas demandadas.
Los países de la UE estarán obligados a garantizar que los profesionales de la Justicia reciban una formación adecuada para tratar casos de DECPP y que sus asociaciones profesionales apliquen normas que disuadan a sus miembros de interponer demandas abusivas.
La Eurocámara también pide a los Estados miembros que recopilen datos pertinentes, especialmente sobre las decisiones judiciales, y que la Comisión establezca un registro europeo sobre DECPP.
El periodismo requiere coraje
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que «el periodismo requiere coraje, pero los periodistas no deben verse obligados a ser valientes para hacerlo. El Parlamento Europeo siempre protegerá a quienes buscan la verdad y defenderá nuestro derecho democrático a saber. Cuando demandas frívolas amenazan vidas y medios de vida, abusando de nuestros sistemas de justicia, debemos legislar. Con el proyecto de ley de hoy, firmemente aprobado en el pleno, eso es precisamente lo que estamos haciendo».
El ponente Tiemo Wölken (S&D, Alemania) declaró que «las demandas abusivas están disuadiendo a las voces críticas de sacar a la luz cuestiones de interés público. Los periodistas y activistas son una piedra angular de nuestras democracias y deberían poder trabajar sin ser intimidados. Con esta Directiva, nuestro objetivo es garantizar la protección en toda la UE, que las víctimas reciban apoyo financiero y psicológico y que exista una definición más amplia de los casos transfronterizos. Nuestros tribunales no pueden ser patios de recreo para los ricos y poderosos».
Contexto
El Parlamento ha abogado durante mucho tiempo por reforzar la libertad de los medios de comunicación. A raíz del número cada vez mayor de DECPP, ha adoptado una serie de resoluciones en las que denuncia los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos y pide una mejor protección.
Según la Coalición Contra las DECPP en Europa (CASE), el pico de casos se alcanzó en 2020 con 114.
Al avanzar en esta legislación, el Parlamento Europeo responde a las propuestas de los ciudadanos recogidas en las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre la lucha contra la desinformación y la propaganda en la propuesta 23 (5), sobre el desarrollo de una política más eficaz y unificada hacia regímenes autocráticos e híbridos y el desarrollo de asociaciones con organizaciones de la sociedad civil en la propuesta 24 (8), sobre la introducción de legislación que aborde las amenazas a la independencia de los medios de comunicación en la propuesta 27 (1) y sobre la aplicación estricta de las normas de competencia de la UE en el sector de los medios de comunicación en la propuesta 27 (2).
