La Audiencia Nacional de España ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador Inocente Orlando Montano Morales, por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Ellacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Según la sentencia dada a conocer este viernes 11 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión, informa Servimedia.
Los magistrados también señalan a Montano como autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.
Creación de ‘La Tandona’
La promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966, a la que pertenecía el acusado, fue conocida como ‘La Tandona’ debido a que fue la clase más poderosa y cohesiva del Ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década, una opción que habían estado anticipando desde por lo menos 1980. Montano era miembro del «círculo íntimo» de poder de este grupo, denominado ‘los compadres’ y participaba en las decisiones con los demás.
El padre Ellacuría como rector de la Universidad Centroamericana era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas.
Esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, explica la sentencia, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA que fueron creciendo e intensidad y en número, hasta 49 personas en el año 1989.
Enemistad de la extrema derecha
En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios. Dentro de la Iglesia la presión se dirigía, especialmente contra Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas.
La línea dura centró su atención en obstaculizar el papel de la Iglesia, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros rechazaban.
El creciente consenso para que hubiera una purga de los oficiales del grupo de militares al que pertenecía Montano en las Fuerzas Armadas, conocido como ‘La Tandona’, se debía principalmente a los esfuerzos de mediación de paz de Ellacuría.
La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el viceministro de Seguridad Pública, el coronel Montano en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl.
Tiroteados en el suelo
Después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se había producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.
Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.
Por estos hechos, se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia, al tiempo que remarcó la ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad.
La sentencia indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Legalmente constituyen ocho delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los cinco ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de Montano redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española.
