La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa en un comunicado «profunda preocupación» por la ley firmada el 23 de marzo por el gobernador de Utah, Gary Herbert, que autoriza las ejecuciones de personas sentenciadas a pena de muerte con pelotón de fusilamiento.
La ley autoriza dichas ejecuciones cuando los fármacos necesarios para la inyección letal no están disponibles.
En los últimos años, la mayoría de las ejecuciones en los Estados Unidos se han llevado a cabo a través de la inyección letal. Bajo esta nueva legislación, Utah es el único Estado que autoriza el pelotón de fusilamiento como alternativa cuando las drogas para la inyección letal no estén disponibles. Utah había autorizado previamente el pelotón de fusilamiento como uno de varios métodos que un condenado podía elegir; la última persona a elegir ese método fue ejecutada en 2010.
Fuentes como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte han informado de que la muerte por fusilamiento puede causar una muerte inhumana, lenta y dolorosa. A este respecto, la Comisión recuerda a los Estados Unidos su obligación internacional de no exponer a las personas bajo su jurisdicción a un castigo cruel e inusual.
La Comisión Interamericana desde hace décadas abordó la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en el campo de los derechos humanos. Aunque la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han abolido la pena capital, una minoría considerable mantiene la pena. En este sentido, la Comisión toma nota que Estados Unidos es actualmente el único país del hemisferio occidental que está llevando a cabo ejecuciones.
La Comisión reitera la recomendación en su informe «La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: De restricciones a abolición», publicado en 2012, que los Estados apliquen una moratoria de las ejecuciones como paso hacia la abolición gradual de esta pena. La Comisión considera que la adopción de esta ley es retroceso.
La Comisión Interamericana reconoce que en los Estados Unidos dieciocho estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte (Alaska, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin) y que algunos estados tienen una moratoria impuesta por los gobernadores o tribunales. El Comité alienta al Estado de Utah para seguir el camino de la abolición o la moratoria sobre la pena de muerte.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
