El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra la ley del Parlamento de Cantabria que prohibía el fracking o fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional en su territorio.
Greenpeace considera lamentable las maniobras del Gobierno y denuncia que pone en evidencia la hoja de ruta que José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, está siguiendo con la industria de los hidrocarburos: apoyar la búsqueda de gas (fracking) y petróleo (Baleares, Canarias, Alborán) en cualquier sitio y a cualquier precio.
En este caso, señala Greenpeace, pasando incluso por encima de una Ley autonómica que recoge el sentir popular del pueblo de Cantabria para que esta nociva técnica fuera prohibida en su territorio.
La organización ecologista ha denunciado en reiteradas ocasiones los problemas que ocasiona el fracking: contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, ocupación y destrucción del territorio, terremotos inducidos y emisiones de gas metano a la atmósfera. Además, parte de las emisiones terminan alcanzando los pozos, los depósitos y la red de abastecimiento de agua potable. En resumen, que los problemas que causa esta actividad son mucho mayores que los que resolvería. Además, no resuelve los problemas energéticos del Estado ya que hace continuar con un sistema contaminante y dependiente de los hidrocarburos.
«Es evidente que el Gobierno de España con el ministro de Industria tiene como objetivo que nuestro país no cambie su modelo energético. Tras intentar acabar con el desarrollo de las energía renovable ha hecho una apuesta clara por seguir dependiendo de los hidrocarburos y de la energía nuclear», ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace. «Todo ello, incluso, por encima de la voluntad de los cántabros y del interés general».
La ley cántabra contra el fracking fue la primera aprobada sobre esta materia en el Estado. Tras Cantabria, otras comunidades como Navarra, La Rioja y Cataluña han legislando en contra de esta técnica. De seguir el mismo camino emprendido por el Gobierno de España, estas leyes, reflejo de la voluntad popular, podrían quedar en papel mojado.
Greenpeace recuerda que países como Francia y Bulgaria han legislado en contra de permitir el fracking en sus países.
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