Este 30 de junio de 2020 el Parlamento chino ha dicho la última palabra sobre la controvertida ley de seguridad para Hong Kong.
La ley, aprobada definitivamente, que reprime el «separatismo», el «terrorismo», la «subversión» y la «connivencia con fuerzas exteriores y extranjeras» es en realidad una respuesta a las multitudinarias manifestaciones que llevan convocándose desde más de un año contra el poder central de Pekín, y -en palabras de la disidencia- un instrumento para «amordazarles y enterrar la semiautonomía y las libertades» que disfrutan los habitantes de la isla desde la retrocesión de 1979.
La ley, cuyo contenido exacto no conocen los siete millones y medio de hongkoneses, establece condenas que pueden llegar a la prisión perpetua según el redactor jefe del Global Times, periódico perteneciente al Partido Comunista Chino (PCC), quien ha recogido declaraciones de personas que han tenido oportunidad de leer el texto completo.
Una de las primeras consecuencias de la aprobación de la ley ha sido la dimisión, este mismo martes 30 de junio, de Joshua Wong, líder del grupo Demosisto y una de las figuras más conocidas internacionalmente del movimiento prodemocracia en Hong Kong, que salió a la luz pública en 2014 con la célebre «revolución de los paraguas».
El gobierno de la república de Taiwan (antes Formosa, territorio independiente que reivindica también la República Popular China), ha condenado «con firmeza» la ley de seguridad de Hong Kong asegurando que tendrá «un grave impacto en las libertades, los derechos humanos y el desarrollo del territorio»
Para los comentaristas internacionales, esta ley va a avivar las tensiones ya existentes entre China y varias potencias occidentales, como Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya criticaron el proyecto «como una grave amenaza para la autonomía de Hong Kong». Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo a la Unión que, en caso de que finalmente se aprobara la ley, denuncie al gobierno chino ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
La Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong fue inicialmente aprobada en la sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) a finales de mayo de 2020. Esta Asamblea encargó al Comité Permanente la redacción definitiva del texto, que el sábado 27 de junio publicó la agencia oficial de prensa Xinhua (Nueva China), y hoy ha recibido el definitivo visto bueno del Parlamento.
La ley establece que en Hong Kong se creará un «organismo de seguridad nacional», que dependerá directamente del poder central de Pekín y estará encargado de recoger información y perseguir los delitos contra la seguridad nacional, una definición que, como sabemos por experiencia, en el caso de China quiere decir todo y nada (es decir, la posibilidad de condenar mediante una simple denuncia sin justificar), con la intención de reprimir el separatismo, el terrorismo, la subversión y la connivencia con fuerzas extranjeras.
Desde la retrocesión del territorio a China, las relaciones entre Hong Kong y Pekín se han regido por el principio «Un país, dos sistemas», que garantiza en el territorio las libertades que no existen en China continental.
Pero desde el principio, el ejecutivo del territorio autónomo depende directamente del gobierno chino, que lo elige en un proceso de selección que descarta de entrada a cualquier persona con veleidades democráticas.
La oposición democrática considera que la actual jefa del ejecutivo, Carrie Lam, es una marioneta del muy autoritario y represor gobierno del PCC.
