Las revelaciones sobre los intentos de secuestrar y asesinar a Julian Assange pueden resultar decisivas ante el recurso de apelación planteado en Londres por la Administración estadounidense para lograr la extradición del fundador de Wikileaks.
«Es la primera vez que los Estados Unidos reclaman a un tribunal británico una extradición así, tras contemplar intentos de secuestro, asesinato y envenenamiento de la persona reclamada», ha argumentado Mark Summers, uno de los defensores de Assange.
Recordemos que la CIA planeó secuestrar y asesinar a Julian Assange mientras estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, según informaciones muy precisas publicadas hace semanas por Yahoo News.
El juicio en apelación celebrado en la capital británica los pasados 27 y 28 de octubre responde al recurso de Washington contra la sentencia de enero de 2021 de la jueza Vanessa Baraitser rechazando la extradición de Assange por motivos de salud y por el peligro de suicidio del mayor informador de los secretos militares del Pentágono.
Desde la prisión de Balmarsh, situada en el extrarradio londinense, Julian Assange sólo compareció brevemente el primer día de la audiencia pública por videoconferencia. Quienes pudieron verlo en imagen describen a una persona enflaquecida y debilitada. Atrás queda su largo periodo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (2012-2019) y los años de encarcelamiento en el Reino Unido, que han motivado permanentes movilizaciones pidiendo su liberación ante demandas de extradición diversas. De Suecia, primero, alegando acusaciones luego abandonadas de delitos sexuales; y de Estados Unidos después, que quiere castigar a Assange por descubrir numerosos secretos militares de sus fuerzas armadas y de su diplomacia.
Más que en el fondo del asunto, los debates de las partes se han centrado esta vez en el estado de salud mental de Assange, además de en los interrogantes sobre el trato que recibiría si llegara a aterrizar en territorio estadounidense.
«Desde el momento en que llegara a Estados Unidos, el señor Assange sería internado en una celda de aislamiento y se crearían las condiciones que harían de su suicidio una posibilidad irresistible», afirmó ante los jueces Edward Fitzgerald, otro de los abogados que defienden al informador de secretos del Pentágono más conocido del planeta.
Durante el pasado verano, la Administración Biden prometió que Julian Assange no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence (Colorado) y que incluso podría pedir el cumplimiento de condena en su país de origen. En el mismo sentido abundó el alegato de James Lewis, representante legal de Estados Unidos ante el tribunal de Old Bailey, diciendo que no estaría aislado y que «Assange compartiría celda con otro recluso». Lewis añadió que «la pena media por ese tipo de delitos es únicamente de cinco años», de los que se descontaría el tiempo que ya lleva encarcelado en el Reino Unido.
Un relato edulcorado del hipotético porvenir de Assange que convenció a pocos. Por el contrario, además de reiterar los planes para acabar con su vida, el abogado defensor Fitzgerald declaró que el informador australiano «ya ha sufrido espionaje y amenazas diversas, incluyendo intentos de robo de la huella genética de sus hijos», de modo que las incertidumbres sobre lo que podría suceder una vez estuviera encarcelado en Estados Unidos desmontan y desmienten -según este abogado- todas las garantías ofrecidas por Washington.
En la puerta del tribunal y en el mismo sentido, Simon Crowther, en nombre de Amnistía Internacional, fue tajante: «Las garantías que ofrecen los Estados Unidos valen menos que el papel en el que están escritas».
Entre las personalidades que acudieron a las puertas de Old Bailey se encontraba también el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien reclamó «la liberación inmediata de Julian Assange por la monstruosa injusticia de la que es objeto únicamente por haber revelado la verdad».
Los jueces no comunicarán su decisión hasta dentro de varias semanas, pero el procedimiento legal no terminará ahí porque cualquiera de las partes tendrá todavía la posibilidad de pedir que el caso sea revisado en última instancia por el Tribunal Supremo del Reino Unido.
