Más de 30.000 integrantes del milenario pueblo Mayagna están en peligro de desaparecer junto a la selva que les sirve de hogar en Nicaragua, si el Estado no adopta acciones inmediatas para frenar la destrucción de la Reserva de la Biosfera Bosawas, la mayor área forestal de América Central y la tercera del mundo, informa José Adán Silva (IPS) desde Managua.
Arisio Genaro, presidente de la nación indígena mayagna, recorrió más de 300 kilómetros desde su comunidad, asentada en las periferias de la reserva, para denunciar en mayo en Managua que el hábitat que sirve de hogar a su pueblo desde hace siglos, está siendo invadido y destruido por mestizos oriundos de las costas del océano Pacífico y del centro del país.
Al comenzar junio, Genaro volvió a la capital para participar en varias actividades académicas dirigidas a crear conciencia ambiental entre estudiantes universitarios de Managua y denunciar ante quien lo quisiera oír que su territorio ancestral es destruido por campesinos decididos a extender la frontera agrícola invadiendo el área protegida con 21.000 kilómetros cuadrados de superficie total.
El jefe mayagna contó a Tierramérica que en 1987 la zona núcleo de la actual Reserva de la Biosfera tenía una extensión de un millón 170.210 hectáreas de bosques vírgenes y una población estimada en menos de 7.000 indígenas.
En 1997, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la reserva contaba con más de dos millones de hectáreas de especies forestales y bosques tropicales húmedos, tanto en su zona de amortiguamiento como en la zona núcleo.
Para 2010, con un pueblo de aproximadamente 25.000 personas, el bosque se había reducido hasta 832.237 hectáreas, según cifras de Genaro. La presencia de campesinos mestizos en sus dominios, se calculaba en 5000 colonos en 1990 y se había disparado a más de 40.000 en 2013.
«Están quemando todo para sembrar, botan bosques para meter vacas, arrasan los grandes árboles para vender la madera, disparan a los animales y secan los ríos para hacer caminos», denunció Genaro a Tierramérica.
Antonia Gámez, jefa mayangna de 66 años, también dejó su comunidad para dar testimonio en las ciudades del Pacífico sobre la situación que atraviesa su nación en Bosawas, cuyo nombre se compone de las primeras silabas de sus principales límites: el río Bocay, la montaña Salaya y el río Waspuk.
«Antes todas nuestras familias vivían de lo que daba la naturaleza, el bosque es nuestra casa y nuestro padre, nos ha dado comida, agua y techo. Ahora los más jóvenes buscan trabajos en las nuevas fincas que se hacen donde antes era el bosque y los más viejos ya no tenemos donde ir, porque se nos está acabando todo», dijo a Tierramérica en su lengua, con ayuda por un traductor.
Recordó que en el bosque ellos sembraban sus granos y frutos; cazaban con flechas lo necesario para comer y existía abundancia de cangrejos en los ríos, chanchos de montes o jabalíes, tapires, pavones, gallinas, pescados y venados.
«Ahora los animales se fueron. Con cada ruido de disparo o montaña que botan, o se mueren o se van selva adentro. Ya no quedan muchos que cazar», denunció durante su visita a Managua.
En parte de la reserva también habitan miskitos, del pueblo originario más numeroso en este país, donde los grupos originarios tienen por ley derecho de propiedad y usufructo colectivos sobre las tierras donde viven.
La denuncia de los indígenas fue corroborada a Tierramérica tanto por actores sociales independientes como por autoridades estatales.
La antropóloga Esther Melba McLean, del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Costa Atlántica de la Bluefields Indian and Caribbean University, ha dirigido estudios que advierten que de no frenarse la invasión mestiza y destrucción del bosque, tanto los mayangnas como las especies animales y vegetales de Bosawas podrían desaparecer en dos décadas.
«La destrucción del bosque implicaría más que el final de una etnia, el fin del sitio donde vive 10 por ciento de la biodiversidad del mundo», dijo a Tierramérica.
Allí tienen su hábitat especies endémicas como las salamandras del saslaya y de la selva, el águila de musún o el aguilacho de penacho, que integran la lista de fauna en extinción de organizaciones ambientales locales, que también indican que hay muchas especies aún sin registrar.
Según la Cooperación Alemana en Nicaragua (GIZ), entre 2005 y 2010 se avanzó 40 kilómetros hacia la zona núcleo de Bosawas.
De acuerdo al ambientalista Jaime Incer, asesor de la Presidencia en asuntos ambientales, de seguir el avance de la destrucción del territorio indígena, «en menos de 25 años la selva habrá desaparecido».
Un estudio publicado en 2012 por la GIZ, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Unión Europea y la organización humanitaria Oxfam, alertó que «se requerirán de 24,4 años para no tener bosques en Bosawas y de 13,3 años para no disponer de zona de amortiguamiento en la Reserva», en caso de continuar con el ritmo de depredación actual.
Incer reconoció a Tierramérica que a raíz de la denuncia de los indígenas y el respaldo de los ambientalistas, el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, comenzó a ejecutar acciones contra la depredación «pero no han sido suficientes».
Ortega ordenó la creación de un batallón militar de más de 700 efectivos para custodiar los bosques y reservas del país. También organizó una comisión de autoridades nacionales destinada a coordinar acciones y aplicar una política de «mano dura» contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
El 10 de junio, Alberto Mercado, coordinador técnico de Bosawas del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, dijo en la Universidad Centroamericana de Managua que desde el gobierno se emprenden acciones para detener el avance de la destrucción en la reserva.
Enumeró que han sacado a decenas de familias mestizas de la zona núcleo de la reserva, que han enjuiciado a personas que se dedicaban a traficar con tierras en la reserva.
Mercado detalló que decenas de abogados han sido investigados y suspendidos por permitir transacciones con las propiedades indígenas y que han impedido el tráfico de fauna y flora.
«Pero la lucha es gigante… el traficante identifica los puntos ciegos y es por donde incursiona al territorio indígena, lo invade, lo encarrila, dice que es de ellos y a partir de eso empieza el tráfico de tierra», admitió con desazón el funcionario público.
La denuncia de los indígenas ha trascendido hasta los foros internacionales de derechos humanos. El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos elevó también la denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, José Manuel Insulza.
Vilma Núñez, directora del Centro, confirmó a Tierramérica que denunció la situación de los mayangnas el 4 de junio, durante la 44 Asamblea General de la OEA, dedicada al tema del Desarrollo con Inclusión Social y que se realizó en Asunción del 3 al 5 de este mes.
«El Estado, su gobierno, deben garantizar el derecho de los mayangnas y de todos los indígenas de este país a vivir en sus propios territorios y defenderlos del exterminio», advirtió Núñez.
