El 7 de septiembre de 2021, El Salvador será el primer país que haga del bitcoin una moneda de curso legal. Eso es, al menos, lo que su joven presidente, Nayib Bukele, anunció durante la conferencia «Bitcoin 2021», reunión anual dedicada a las criptomonedas, que se celebró los pasados 4 y 5 de junio en Miami.
Un anuncio que inmediatamente tuvo su repercusión legislativa en la Ley aprobada el 9 de junio por 64 parlamentarios de los 82 que componen la Cámara salvadoreña.
Con esta medida, el presidente Nayib Bukele, de cuarenta años -hijo de un empresario palestino cristiano convertido al Islam y que llegó a ser imán-, en el poder desde 2019 como candidato de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (anteriormente elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán primero, y después de la capital San Salvador, como candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, formado en 1980 por la unión de cinco movimientos de guerrilla marxista, transformado en partido político en 1993), va a contracorriente de muchos países –como Bolivia, Marruecos, Argelia, Egipto, Nepal, Bangladesh, Indonesia, Turquía y Vietnam- que tienen prohibido el uso del bitcoin como medio de pago, y de otros –Canadá, China, Camboya, Ecuador, Nigeria Jordania y Arabia Saudí- que lo tienen prohibido en las transacciones bancarias.
Los medios económicos internacionales han criticado la decisión del presidente salvadoreño, argumentando que solo el 45 por ciento de la población salvadoreña tiene hoy acceso a Internet, y que únicamente hay dos terminales en todo el país para cambiar los bitcoins en dólares, o comprar bitcoins pagando en dólares, a lo que el gobierno de Bukele responde anunciando una inyección de un millón de dólares para la construcción inminente de 1500 terminales.
Otro argumento en contra es que los países en los que un porcentaje significativo de la población ha adoptado el bitcoin como medio de pago han sufrido una fuerte inflación, como es el caso de Líbano, Nigeria o Venezuela, según el artículo publicado en el digital The Conversation por Jean-Michel Servet, profesor honorario del Institut de hautes études internationales et du développement, IHEID.
Y también, porque dudan de que El Salvador, donde el 70 por ciento de los habitantes carece de cuenta bancaria, y el 30 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, «sea capaz de crear las condiciones técnicas para un uso generalizado del bitcoin, y su aceptación social».
Quizá porque comparte en parte esas dudas, y para favorecer el uso de la criptomoneda, el Gobierno de El Salvador anuncia que va a regalar el equivalente de treinta dólares en bitcoins a los ciudadanos que se registren en una aplicación llamada Chivo, un monedero electrónico que permite hacer pagos y recibir ingresos.
Todo parece indicar que los habitantes del país lo tienen menos claro que su presidente: «según la Cámara de Comercio del Salvador, el 93 por ciento, de más de 1600 entrevistados, se muestra contrario a aceptar el bitcoin y el 93,5 por ciento declaran que no quieren ser pagados en bitcoins».
Un estudio del Citizens Research Center (CEC), de la Universidad Francisco de Gavidia, da como resultado que el 53,5 por ciento de los salvadoreños piensan que «no son correctas las medidas adoptadas para establecer el bitcoin como moneda de curso legal».
«¿Por qué –se pregunta el profesor Servet- el país se lanza a lo desconocido al hacer de la criptomoneda una divisa oficial?. Uno de los principales argumentos del gobierno salvadoreño es que la medida va a reducir el coste de las transferencias de los emigrantes, que en 2019 representaron el 20,9 por ciento del PIB».
Esas transferencias de los salvadoreños que viven y trabajan fuera del país llegan a un millón de familias que, de media, reciben 195 dólares mensuales. «Hace veinte años, dada la importancia de las ‘remesas’ que llegaban de los migrantes salvadoreños instalados en Estados Unidos, El Salvador, lo mismo que Ecuador, cambió su moneda nacional por el dólar».
Siempre según el gobierno, la adopción del bitcoin debe igualmente impulsar la economía del país «cuyo gasto público en educación ha disminuido del 4,6 al 3,6 por ciento del PIB desde 2010 y el gasto en sanidad ha caído del 8,24 al 7,1 por ciento del PIB».
Recordemos que el índice de criminalidad de El Salvador -donde las bandas de delincuentes, conocidas con el nombre de «maras», causaron en 2016 más de un 80 por ciento de lo asesinatos- es uno de los mayores del mundo. Y que, copiando el modus operandi de algunos gangs de países occidentales, las maras han incorporado a su panoplia de delitos los ciberataques con su correspondiente exigencia de rescates, como le ocurrió recientemente a la compañía petrolera estadounidense Colonial Pipeline.
Según el digital salvadoreño de investigación El Faro, en un artículo de septiembre de 2020 mencionado en la prestigiosa publicación Courrier International, el gobierno del presidente Nayib Bukele llevaba un año negociando en secreto «con la banda más temible del país, la Mara Salvatrucha».
En contra de lo que pretende Bukele, el descenso (real) «del número de homicidios en el país no es fruto de una política intransigente, sino de intercambios de buenos servicios». (La Mara Salvatrucha, que cuenta con muchas ramificaciones internacionales, se dedica localmente al crimen organizado y al tráfico de droga).
El artículo del profesor Servet menciona que, a principios del pasado mes de julio, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPALC), advirtió al gobierno de El Salvador de los «riesgos macroeconómicos, financieros, y jurídicos, y también del blanqueo de dinero que podría propiciar la adopción del bitcoin como moneda legal».
En cuanto al Banco Mundial, «se ha negado a proporcionar la ayuda solicitada por El Salvador para generalizar el uso del bitcoin».
