Cinco semanas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarase inconstitucional su primer intento de acabar con la ciudadanía por nacimiento, Donald Trump volvió a la carga el jueves con dos nuevas órdenes ejecutivas: una que amplía las categorías de personas excluidas de la ciudadanía automática y otra dirigida contra el llamado «turismo de nacimiento».
El presidente calificó la sentencia de junio —Trump v. Barbara, resuelta por seis votos contra tres a favor de la ciudadanía garantizada por la Decimocuarta Enmienda— de «muy desafortunada» y presentó sus nuevas medidas como simples «ajustes».
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) no lo ve así: su subdirector para derechos de inmigrantes, Cody Wofsy, adelantó que la nueva ofensiva «correrá la misma suerte» que la anterior ante los tribunales.
La crónica de hoy del Observatorio Trump analiza este nuevo choque entre la Casa Blanca y el precedente judicial que ella misma provocó hace apenas un mes, y subraya un matiz importante: por ahora, quien responde no es la oposición partidista, sino los tribunales y la sociedad civil organizada.
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