El Tribunal Supremo ruso ha ordenado, este martes 28 de diciembre de 2021, la disolución de la organización no gubernamental Memorial, fundada en 1980 con el apoyo del Premio Nobel de la paz Andrei Sajarov, principal organización que ha defendido los derechos humanos en el país desde antes de la caída del telón de acero, pilar de la defensa de las libertades y guardián de la memoria del Gulag y otros crímenes de la época soviética.
«La decisión significa liquidar Memorial Internacional y sus versiones regionales», se lee en el mensaje publicado en la cuenta de Telegram de la organización a los pocos minutos de conocerse la sentencia.
La Rusia que Vladimir Putin preside desde 1999 –alternando este cargo con el de Presidente de la Federación de Rusia- es una dictadura que se vuelve más dura cada día. Cuando han transcurrido más de treinta años desde el hundimiento de la Unión Soviética –que el presidente ruso considera «la mayor catástrofe geopolítica del siglo veinte»- Rusia es de nuevo una autocracia totalitaria presidida por un exagente del KGB «decidido a permanecer en el poder durante todo lo que le resta de vida, a base de silenciar cualquier voz discordante», escribe Vincent Jauvert en el diario L’Obs (antiguo Nouvel Observateur).
A mediados del pasado noviembre el fiscal general de Rusia pidió la disolución de la organización por «violaciones sistemáticas» de la Ley de los agentes extranjeros. En un comunicado emitido posteriormente, la oficina del fiscal consideraba que el trabajo que lleva a cabo Memorial «infringe la Constitución». La oposición consideró intervención del fiscal general como un paso más en la represión que Putin lleva a cabo contra cualquier voz que se alce criticándole y los abogados de Memorial denunciaron que estaban siendo objeto de persecuciones infundadas, desproporcionadas y políticas.
La ley de 2012 relativa a los agentes extranjeros se ha convertido en uno de los elementos habitualmente empleados para presionar a la sociedad civil rusa y a los medios de comunicación independientes, para obligar a personas y organizaciones a someterse a las normas liberticidas que desde hace más de veinte años emanan del gobierno de Putin.
Memorial es una más de los últimas víctimas de una larga lista de opositores, oenegés y medios de comunicación perseguidos en los últimos meses. A comienzos de 2021 fue condenado a dos años y medio de internamiento en un centro de trabajo el opositor número uno del Kremlin, Alexei Navalny; en junio prohibieron su organización, la Fundación Anti-corrupción, por «extremismo», y detuvieron a varios de sus partidarios. En los últimos meses, decenas de personas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las minorías sexuales, así como algunos medios independientes, han sido acusados de «extremismo» o de ser «agentes del extranjero».
Igualmente, las autoridades de Moscú han pasado a la ofensiva en Internet, bloqueando páginas consideradas «disidentes» y multando a las grandes empresas del sector por no suprimir contenidos relacionados con la oposición al régimen de Putin.
Para los defensores de Memorial, la organización es víctima de la visión que mantiene el Kremlin sobre la historia del país, glorificando la potencia de la URSS y minimizando los crímenes y las derivas del estalinismo. Debido a sus actividades, Memorial lleva mucho tiempo en el punto de mira de los nostálgicos rusos y cuenta con algunas víctimas, entre ellas, su responsable en Chechenia, Natalia Estemirova, secuestrada y ejecutada en 2009.
