En México se pide justicia para 49 niños

Cuatro años después de un espantoso incendio, los familiares de los niños de la guardería estatal ABC de Hermosillo, Sonora, siguen esperando que se haga justicia.

Eran niños de hasta 5 años. Murieron 49 y 104 resultaron lesionados. Una gran mayoría de los segundos sufrieron profundas quemaduras que marcarán su piel de por vida. Y sus pulmones tendrán problemas por muchos años, al haber inhalado gases tóxicos.

Hablamos de una guardería y rápidamente le vendrá a la mente la imagen de la de su hijo. Pues olvídela. El local donde estaban alojados estos pequeños era un antiguo almacén estatal (subrogado por el Instituto Médico) que se había dividido en dos espacios: por un lado, los niños; por el otro, pared con pared, un almacén gubernamental en donde había de todo, desde papel a trastos viejos, coches inservibles, etc. Pegados, a escasos metros, se podía ver un negocio de venta de ruedas y una gasolinera. Si, han leído bien: se trata de una guardería que, en realidad era un auténtico polvorín.

Pero aún hay más, porque el acondicionamiento del espacio fue un dechado de despropósitos: un techo de uralita camuflado por una lona, puertas de emergencia que no se podían abrir, detectores de humo y extintores que no funcionaban… Así y todo, se llegaron a “almacenar” hasta 175 criaturas, atendidas por unas 50 personas.

En ese “paraíso”, el día 5 de junio de 2009 se declaró un incendio de proporciones dantescas. Se descubrió que los empleados de esa estancia eran sometidos a condiciones leoninas de trabajo; que se ofrecían pésimos servicios a los niños; y que el Instituto Médico detectó allí numerosas anomalías y exigió corregirlas –incluyendo modificaciones en el techo que finalmente propició la tragedia–, pero no vigiló que sus disposiciones fueran atendidas.

El siniestro conmocionó no solo a Hermosillo, sino al Estado y al país entero, hasta el punto de que el entonces presidente Felipe Calderón se vio en la obligación de personarse en el pueblo y dar el pésame a las familias. Se armó un gran revuelo en las instancias oficiales y en el Instituto Médico. Se destituyó a un par de personas de poca entidad. Los dueños, con toda la desfachatez del mundo, echaron la culpa a la directora de la guardería, quien, curiosamente, resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo por rescatar niños. Ellos, los dueños del negocio, aparecieron una vez extinguido el incendio y desaparecieron a la hora de rendir cuentas a la justicia. Sencillamente, pusieron tierra de por medio esperando a que pasara el chaparrón.

Cuatro años después

Cuatro años después, los padres de los niños de la guardería ABC siguen esperando que se juzgue a los culpables. Sus protestas comenzaron inmediatamente después de producirse el incendio: Hermosillo se convirtió en una manifestación permanente exigiendo justicia. Después, las exigencias se fueron trasladando a todo el Estado de Sonora y, finalmente a la capital, al Distrito Federal. Han recurrido a todas las instancias posibles, a las asociaciones de derechos humanos, a la ONU… y al mismísimo presidente Peña Nieto. A la vez, ellos mismo se han preocupado de que los investigadores hicieran un trabajo objetivo que permitiera llevar a los responsables del siniestro ante la justicia.

Así, recientemente han entregado a la Procuraduría General de la República un documento, según el cual, el incendio se produjo al querer destruir ciertos papeles que demostraban la existencia de una deuda de 10.000 millones de pesos (más de 600 millones de euros), generada durante el sexenio (el mandato total) del anterior gobernador, Eduardo Bours. Además, aseguran, esa acción estuvo dirigida por el chófer y guardaespaldas del secretario técnico de Bours en aquella época. Curiosamente, dos meses después del incendio, el chófer apareció muerto con nueve impactos de bala en el cuerpo. El crimen no ha sido esclarecido.

Implicados y culpables

Todo el asunto es bastante complejo, por llamarlo de alguna manera. En su momento hubo un intento de castigar a los responsables, pero fue solamente eso: un intento. Porque la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en uno de sus fallos más absurdos, rechazó el dictamen del ministro Arturo Saldívar, quien consideraba que sí había responsables del múltiple infanticidio; pero sólo dos ministros se manifestaron a favor del dictamen, mientras que la mayoría optó por votar algo que permitiera a los “importantes” librarse de la cárcel.

A día de hoy sólo se ha arrestado a una persona, de un total de 19 funcionarios involucrados, según la SCJN. Los “involucrados” incluyen al gobernador y alcalde de entonces, al director general del Instituto Médico, a una media docena de directores de organismos, y, lógicamente, a los “dueños” de la guardería que, como he comentado antes, son familiares de alguien “de peso” o pertenecen a la sociedad acomodada del país.

No obstante, en estos momentos, y gracias a la presión ciudadana, hay visos de que cambien las cosas y se consiga una cierta justicia, aunque no se puede esperar demasiado, la verdad. De momento, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha ordenado revisar las actuaciones de la investigación. Por su parte, el partido político Movimiento Ciudadano ha propuesto la creación de una Comisión de la Verdad (textual) que estará integrada por personas “de alta calidad moral y compromiso social”. La propuesta ha sido respaldada por todas las fuerzas políticas (salvo una, y no es el partido que gobierna, aclaro)

Los padres de estos niños también esperan que Peña Nieto cumpla con lo que prometió cuando estaba en campaña. El 19 de junio del año pasado, el hoy presidente de la República firmó un documento en el que se comprometía a la reparación del daño y mantener vigentes las compensaciones establecidas en un decreto presidencial. Les aseguro que se lo recuerdan muy a menudo y que no van a permitir que este caso se olvide.

Homenajes

Cada año, por estas fechas, el homenaje a todos estos niños sacude el país. Y éste, aún más, porque gracias a la labor de un estupendo equipo de profesionales ha sido posible llevar a cabo un documental titulado ABC nunca más que se está proyectando en la capital y en diversas provincias. El equipo del director, Pedro Utreras, se lo ha tomado como algo personal. Un empeño que parece está haciendo despertar a la ciudadanía y a los políticos.

Subrogación de guarderías

Para entender cómo pueden suceder estas cosas, hay que saber cómo funcionan en este país las guarderías infantiles. De las “privadas”, ni hablamos, porque en este momento no vienen al caso. Las estatales son un caos. Se pusieron en marcha el año 1974, pero resultó que este servicio era demasiado caro para las arcas del Estado y decidieron inventarse un sistema que les eximiera de esa carga, al cual llamaron subrogación. Al Instituto Médico, del cual dependían, el servicio le costaba 4.028 pesos/niño/mes (unos 242 euros) y si lo subrogaba, tan sólo tendría que invertir 1.997 (120 euros). Lógicamente, se subrogaba al máximo.

¿Y saben a quiénes adjudicaban esas subrogaciones? Pues a los familiares de personas cercanas al poder. Una de las propietarias de ABC era Marcia M. Altagracia, prima de la entonces primera dama del país. Además, Marcia está casada con un funcionario que desempeñó el cargo de director general de una Secretaría del gobierno de Bours. Otra propietaria tenía una guardería a medias con una prima del gobernado. Y así todo.

En México, este tipo de “negocio” está muy solicitado, puesto que puede llegar a dejar unas ganancias de casi un millón de pesos (unos 59.800 euros) al mes, si se cuenta con varios establecimientos. A cada trabajador de ABC le pagaban mensualmente 3.026 pesos (181 euros), un sueldo bastante habitual en este país, por otra parte. Tristemente, tengo que referirme a “negocio”, porque es de lo que se trata para esas personas, nadie se plantea que están jugando con la vida de miles de niños en todo el país. Si lo pensaran, cuanto menos, dotarían a los recintos de las mínimas medidas de seguridad.

El Instituto Médico tenía hasta hace poco 1.486 guarderías bajo su responsabilidad, de las cuales, solamente 14 cumplían con unas normas que nadie vigila, que todo el mundo se salta. Sin embargo, esto no fue óbice para que en mayo de 2012 la ONU le otorgara a Felipe Calderón un premio por su “Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras”. Los padres, lógicamente indignados, elevaron una protesta en la que decían que “el gobierno de México, ni ahora ni nunca, podrá recibir un reconocimiento internacional por el cuidado de su niñez, aunque en el futuro existan estancias infantiles de primer nivel y éstas sean reconocidas como las mejores del mundo, porque lo que ocurrió con nuestros hijos no tiene perdón y jamás será olvidado”.

Aún hay esperanza

Para terminar, quiero aclarar que después de cuatro años y aún con el empeño de los padres para que se ponga en marcha una ley que regule el uso de las guarderías en todo el país, los organismos pertinentes siguen cruzados de brazos. En abril de 2011, el Movimiento por la Justicia 5 de Junio (compuesto por padres de los niños que fallecieron) entregó al Senado de la República un documento para exigir la aprobación de Ley General de Estancias Infantiles que ya había puesto a su disposición en noviembre del año anterior.

No obstante, tras el ruido de estos días, y la proyección del documental (muy crudo, lo aseguro), vamos a esperar que se despierten las conciencias de los políticos y, en poco tiempo, estos locales/almacenes, que no guardan, sino que exponen continuamente la vida de los niños, estén regulados por unas normas que, realmente, protejan a la esperanza de México. Es la única manera de que un gobierno pueda afirmar que vela por sus ciudadanos.