Enseñanza pública o privada: entre el deber y el negocio

“De seguir la cosa a este ritmo, dentro de unos años la enseñanza pública en España va a quedar para pobres, gitanos e inmigrantes”. La frase no es del periodista, sino de un profesor de instituto que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza, con seis años ejerciendo en los Estados Unidos, país en el que el nivel económico es lo que cuenta tanto en la enseñanza como en la sanidad. 

Dura, muy dura es la expresión, pero no por ello menos cierta, si nos atenemos a hechos constatados. Y ello porque el Gobierno del Partido Popular está apostando abierta y descaradamente por la enseñanza privada, eso sí, concertada, que pagamos todos con nuestros impuestos, con el subterfugio o pretexto de que los padres tienen derecho a elegir qué tipo de enseñanza prefieren para sus hijos. Y mientras tanto, aprovechando que el Gobierno rema en dirección de ciertos intereses, ajenos incluso al ámbito de la enseñanza, algunos listos están haciendo un gran negocio.

A tanto llega la cosa, que la Asociación de Colegios Privados-Círculo de Calidad Educativa (CICAE), criticaba esta situación en una información publicada por el diario madrileño El País el pasado 17 de septiembre, en la que, entre otras cosas, podíamos leer: “Los colegios de pago se quejan de la irrupción de constructoras y empresas de restauración en la gestión de los centros subvencionados con dinero público”. “Del modelo social de los religiosos se ha pasado al puro negocio”, “La Administración cede los terrenos y ellos solo pagan un canon simbólico”. A todo esto hay que añadir que en esos colegios privados-concertados, que se suponen son gratuitos, los alumnos pueden llegar a pagar, entre cuotas “voluntarias”, comedor y transportes, hasta 500 euros mensuales, según la citada CICAE.

La que también sabe de primera mano cómo está el tema de la enseñanza en la Comunidad de Madrid es la Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos, que ha denunciado “la política educativa de la Administración regional y local que, con una clara intención privatizadora, trata de anular y deteriorar la educación pública en nuestra localidad”. Y para muestra, un botón: “Desde hace varios años –dice la Plataforma-, cinco de los nueve colegios públicos de Educación Infantil y Primaria están siendo obligados a cerrar líneas y a suprimir unidades”, al tiempo que se favorece descaradamente a algún colegio privado-concertado.

Ante semejante panorama, podría decirse que la enseñanza privada-concertada, que empezó siendo una necesidad en los primeros años de la Transición, ha devenido en un negocio puro y duro incluso para más de un advenedizo llegado del ámbito de la construcción o la restauración, como señala CICAE. Dicho tipo de enseñanza estaba contemplada en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985, publicada en el BOE un día después. Gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, siendo presidente del Gobierno Felipe González y ministro de Educación José María Maraval.

El que fuera por aquel entonces director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Félix Muriel, rememora ante el periodista la situación que les tocó vivir a un Gobierno que se enfrentaba a la todopoderosa Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), la “patronal” de los colegios religiosos que tenía en sus manos el 99 % de la enseñanza privada en España, con tres millones de alumnos:

“Eran tiempos en que se podía montar un colegio en un piso, sin ningún tipo de garantías, y se subvencionaba a los colegios a fondo perdido. Nosotros les dijimos: vamos a dar, pero a cambio exigimos. A partir de ahora ustedes tienen que contratar a enseñantes profesionales, salidos de la Universidad o de las Escuelas de Magisterio. Lo digo porque eran tiempos en los que había colegios en los que cualquiera con un hábito religioso podía dar clases, incluso sin estar preparado. También prohibimos expresamente las actividades extraescolares, salvo las que tuvieran que ver con el ámbito de la enseñanza. La idea del Gobierno socialista era que tal concierto debía ser transitorio, pues éramos partidarios de que la enseñanza pública fuera del 98 %, dejando el 2 % para la enseñanza privada, para el que quisiera pagarla. Tan enfadada estaba la derecha y sus poderes fácticos que, después de meses de manifestaciones, el diario ABC publicó en portada una foto mía con el título de ‘Un jacobino en Educación’. Pero de aquello ya no queda nada, ahora se permite todo, máxime desde que se ha transferido la educación a las Comunidades Autónomas”.

Han transcurrido casi 20 años desde que aquella LODE entrara en vigor, y ahora ya no se puede montar un colegio en el 2.º-B de un edificio, es cierto. Pero también lo es que ahora el negocio es mucho más suculento: alguna constructora va directamente a la gestión del colegio, que se llama concertado, aunque el negocio es privado. Eso sí, pagado con dinero público. El de ustedes y el mío.