Amnistía Internacional, con motivo de los cuatro asesinatos cometidos contra mujeres víctimas de violencia de género en España en las últimas 48 horas, ha emitido una comunicación en la que recuerda que las mujeres que quieren denunciar siguen encontrando numerosos obstáculos que dificultan su acceso a la justicia.
Ante el insistente mensaje institucional que pone el acento en que las mujeres “deben” denunciar para protegerse y recibir apoyo, Amnistía Internacional sostiene que no se están tomando medidas eficaces para proteger a las mujeres víctimas de violencia.
Señala AI que, tras ocho años de la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, establecidos en la Ley Integral, no se ha evaluado su funcionamiento pese a que existen cifras muy preocupantes: Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2006 y 2011, el 64% de los casos fueron sobreseídos. Sólo en 2011 se archivaron en el conjunto del Estado una media del 45% de las denuncias. También se produjo un descenso en la concesión de órdenes de protección solicitas por las mujeres: un 36,8% de las solicitudes de orden de protección fueron rechazadas
Para AI, no se puede seguir justificando la inacción de las instituciones en el hecho de que las mujeres denuncien, ratifiquen las denuncias o no, tal y como se deduce de las declaraciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santander en la cadena SER, en relación con el caso de la mujer asesinada ayer en Santander y cuya orden de protección, al parecer, se había suspendido recientemente.
Amnistía Internacional denunciaba en noviembre de 2012, entre otros obstáculos, la falta de diligencia en la investigación judicial. Por un lado, es la propia víctima quien tiene que aportar las pruebas necesarias para demostrar esa violencia, y por otro lado, la mayoría de los casos son sobreseídos sin apenas investigación de oficio por parte del juez competente o por parte de la Fiscalía. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que las pruebas que presenta la mujer son denegadas por el juzgado al considerarlas “innecesarias”, a la vez que los casos son archivados. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2011, de los 48.000 autos de sobreseimiento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, más de 40.000 fueron dictados por ese motivo.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que tienen la obligación de verificar la efectividad de la protección legal dispuesta y de identificar los obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y obtener justicia y protección.
La organización también recuerda, tal y como hizo en su Informe de noviembre de 2012 «¿Qué justicia especializada?«, que el Consejo General del Poder Judicial debe detectar y corregir los casos de falta de diligencia para impedir prácticas que incumplan el deber de investigar y administrar justicia.
