El Grupo Popular en el Congreso, junto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobarán previsiblemente en los próximos días la reforma del Código Penal, que incluye una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que derechos como la libertad de expresión e información podrán verse limitados.
Para Amnistía Internacional es dudoso que la tipificación que se hace del delito de terrorismo respete el principio de legalidad: “Esta reforma amplía de manera tan vaga los delitos de terrorismo que es difícil reconocer qué conductas pueden ser sancionables y, por lo tanto, tenemos serías dudas de que se respete el principio de legalidad. También nos preocupa que pueda conducir a sancionar la protesta, tanto en la calle como en Internet, o conductas que no tienen naturaleza terrorista”, ha declarado Esteban Beltrán, director de AI en España.
Agrega que “lo mismo sucede con la prisión permanente revisable, que se ha eludido mencionar de tal manera que se remite, de manera genérica, al tiempo máximo previsto en el Código Penal, sin especificar la pena correspondiente ni que los mecanismos de revisión de la misma sean efectivos”.
“Esta amplitud en la definición de terrorismo podría llevar a la arbitrariedad, que no debería caber en una reforma de tal calado como el Código Penal”, concluye.
Desde la experiencia de Amnistía Internacional, las definiciones vagas y amplias de terrorismo podrían ser instrumentalizadas por los Estados para reprimir actos pacíficos o limitar derechos humanos, y recuerda que diversos organismos internacionales de Naciones Unidas han pedido a España una reforma del texto dirigida a definir de manera más precisa los delitos para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos.
Esteban Beltrán sostiene también que preocupa el procedimiento por el que se ha llevado a cabo la reforma: «una norma que afecta a derechos humanos debería aprobarse con el mayor debate parlamentario posible y consultando a la sociedad civil y a los órganos del Estado”.
