Facua, Consumidores en Acción ha calificado de bochornoso que la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior de España, esté enviando un certificado a los propietarios de los vehículos afectados por el fraude de Volkswagen con la que acreditan su supuesta eficiencia medioambiental, cuando precisamente el fraude consiste en la instalación de un dispositivo que permite pasar los controles previos a la venta del vehículo y que una vez en carretera se desactiva y posibilita que se superen los límites legales de emisión de dióxidos de nitrógeno (NOx), altamente nocivos para la salud y el medio ambiente.
La DGT ha comenzado a enviar distintivos ambientales por correo a los titulares de vehículos domiciliados en la Comunidad de Madrid, la provincia de Barcelona y las ciudades de Granada, Valencia y Sevilla.
Estos distintivos, entregados en formato de pegatina que puede ser exhibida (de manera voluntaria) en el cristal frontal del coche, se clasifican en cuatro categorías:
- Cero emisiones, para vehículos eléctricos o híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 km;
- Eco, para híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, propulsados por gas natural o gas licuado;
- C, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y que cumplan con la norma Euro 4, 5 y 6 y diésel a partir de 2014, que cumplan con la norma Euro 6; y
- B, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2000 y que cumplan con la norma Euro 3 y diésel matriculados a partir de 2005 y que cumplan con la norma Euro 4 y 5.
En total, la DGT tiene previsto entregar la pegatina a 4,3 millones de conductores.
En el artículo de su web en el que explica este envío, la DGT indica que se quedan sin etiqueta «los vehículos más antiguos y contaminantes«.
El distintivo que se entrega a los vehículos afectados por el fraude de Volkswagen se corresponde con la categoría B, que en el caso de motores diésel, se refiere a coches de ocho plazas matriculados a partir de 2005 que cumplen la norma Euro 4 y Euro 5. En el caso de los Volkswagen, son todos vehículos diésel con motor EA 189, matriculados a partir de 2009, y por lo tanto supuestamente bajo la norma Euro 5.
Sin embargo, el peritaje que se le ha hecho a algunos de los vehículos afectados indica que las emisiones reales de estos vehículos no sólo no cumplen con la normativa Euro 5, sino que tampoco lo hacen con la anterior, Euro 4, mucho más permisiva en cuanto a las emisiones, ni con la Euro 3.
Certificación que carece de valor
Facua considera que los distintivos medioambientales como el que está distribuyendo la DGT carecen de sentido si su otorgamiento no va unido al cumplimiento de las garantías necesarias para que responda a la realidad en beneficio del medio ambiente, la salud y los derechos del consumidor: «repartir este tipo de certificación a vehículos sobre los que no existe un auténtico control de emisiones de gases en conducción, esto es, en circunstancias reales de conducción, es papel mojado y carece de valor».
Entregar una certificación a vehículos manipulados por el fabricante para saltarse las leyes medioambientales atenta a los valores que se pretende proteger y resulta en una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía, valora Facua.
El caso de Volkswagen es un ejemplo paradigmático de la falta de rigor del Gobierno al entregar estas certificaciones, pero no sólo se da en los vehículos afectados por el fraude: la DGT está informando a los conductores de que sus coches están en el 50 % de los menos contaminantes de España sin hacer absolutamente ningún tipo de comprobación sobre los valores reales de emisiones del parque móvil estatal. Las únicas pruebas de verificación de emisiones que se hacen a los vehículos son previas a su puesta en circulación, pero no hay datos de la contaminación en una situación de conducción real, recuerda la asociación.
Segunda vez que la DGT enmascara el fraude
Facua considera un auténtico escándalo que un organismo como la DGT, responsable de velar por los intereses de la ciudadanía en relación al tráfico de vehículos, muestra de una manera tan abierta su colaboración con una multinacional que ha reconocido públicamente que ha cometido un fraude que compromete la salud pública y la conservación del medio ambiente y que tiene procesos judiciales abiertos por este motivo en multitud de países.
La asociación recuerda que ya en mayo de 2016 el organismo dependiente del Ministerio que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz envió una carta a los dueños de vehículos afectados por el fraude en el que lo enmascaraba y les animaba a llevarlos a revisión y provocar así un cierre en falso del problema, generado y admitido por la multinacional.
El organismo responsable de aplicar la política vial en España disfrazó el engaño masivo a cerca de 700.000 consumidores españoles como una «incidencia» que consiste en la «instalación de un software que optimiza los valores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) en el banco de pruebas». La «optimización» a la que se refería la DGT es en realidad una manipulación que Volkswagen llevó a cabo en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo.
Es intolerable la defensa que el Gobierno está haciendo de la multinacional desde que estalló el escándalo en septiembre de 2015, protegiendo sus intereses por encima de los de los consumidores afectados, valora Facua.
La propia Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra España y otros seis Estados por no haber sancionado a la multinacional alemana por el fraude cometido.
Facua está personada en la Audiencia Nacional como acusación particular y representa a más de seis mil conductores, el mayor colectivo de afectados de España en el proceso que se sigue contra la multinacional alemana por este fraude masivo.
