El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado oficialmente que España intervendrá a favor de Marruecos en el recurso contra la decisión de este Tribunal de detener las importaciones del Sahara Occidental ocupado, establecidas mediante un acuerdo de comercio de la UE con Marruecos.
Hace dos semanas, Western Sahara Resource Watch informaba de que España, Francia y Portugal intervendrían en el procedimiento, y que había pistas de los medios marroquíes que señalaban que Bélgica y Alemania harían lo mismo.
El Tribunal ya ha confirmado que esos cinco países van a participar en el procedimiento, respaldando a la Unión Europea -y por tanto a Marruecos- en su petición de revisar la Decisión del Tribunal que anula el tratado de libre comercio entre la UE y Marruecos para productos de agricultura y de pesca, en la parte que afecta al Sahara Occidental.
«Es alucinante que España tome medidas legales para apoyar la ocupación por Marruecos del Sahara Occidental. Hacemos un llamamiento a todos los amigos españoles del Sahara Occidental para que, el 26j digan lo que les parece esta postura. Y pedimos al nuevo gobierno de España que invierta esta decisión de actuar contra los saharauis. El gobierno español debería estar del lado de los saharauis, no actuar contra ellos”, dice Alicia Fernández Camporro, de WSRW.
“En última instancia, cabría esperar del Gobierno que mostrase respeto por las sentencias de la Audiencia Nacional, que, en julio de 2014, confirmó que España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental. La única manera de que la intervención de España tuviese sentido es que el Gobierno defendiera esta sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Otra cosa sería inaceptable”, añade.
En su Decisión del 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifestó que el Sahara Occidental “no está incluido dentro de las fronteras internacionales reconocidas de Marruecos (punto 232), “que el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional para administrar el Sahara Occidental (punto 233) y “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida por la Unión Europea ni por sus estados miembros, ni –ya en términos generales- por las Naciones Unidas” (punto 241).
