Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe en el que denuncia cómo se está violando el derecho a la vivienda en España, algo que afecta especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de género.
Diez años después del inicio de la recesión económica, la crisis de vivienda en España no ha terminado. Las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala Amnistía.
“La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España. “Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución”, añade.
La organización señala que, diez años después, esta crisis sigue estando rodeada de oscurantismo: no existen datos desagregados sobre los 34 193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. “Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, denuncia la directora adjunta de AI.
Las mujeres revictimizadas
Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres ya que son quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Un ejemplo de ello, tal y como señala Amnistía Internacional, es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1 %, asciende hasta el 37,5 % en el caso de las familias monoparentales, el 83 % de las cuales está encabezada por mujeres.
La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, señala Koldo Casla, investigador de AI y autor del informe. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, añade Koldo Casla.
Vanessa, de 34 años y con dos hijas, fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado “La Dignidad”. “Alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”, declara. Asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social. “La trabajadora social me dice que no me puede ayudar porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho”, denuncia.
Sandra Filippella, de 40 años, nacionalidad argentina y residente en Barcelona, es otra muestra del desamparo que pueden sufrir. Y es que, aunque en Cataluña no es necesario el requisito de la sentencia condenatoria o la orden de protección, las víctimas de violencia de género también encuentran dificultades para ver garantizado su derecho a la vivienda. Víctima de malos tratos por parte de su expareja y después de perder su empleo, llegó un momento en que Sandra no pudo seguir pagando el alquiler y recibió una notificación de desahucio. “La opción que me ofrecían las trabajadoras sociales de alquilar una habitación no era válida para mí, con mis dos hijos adolescentes. Consideré ocupar una vivienda, porque me pareció que la coordinación entre los servicios sociales y los de apoyo a las víctimas de violencia simplemente no existía”, asegura, mientras recuerda que gracias a su contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consiguieron paralizar el desahucio. “Tenía todas las cosas en cajas, esperando oír los porrazos. Todavía hoy temo oír ese ruido”. Ahora vive en un piso de emergencia gestionado por la organización Hàbitat3, donde paga un alquiler asequible, y trabaja ayudando a otras mujeres que sufren violencia como ella.
Madrid y Barcelona acumulan desahucios
Del total de desahucios que tuvieron lugar en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona son las que acumulan el 34 % de ellos, con 4760 y 6710 desalojos por impago de alquiler respectivamente.
En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento. La organización se ha entrevistado con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, y denuncia que, a pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así. “Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación”, asegura Koldo Casla. Más de cuatro años después, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.
Es el caso de Paula, de 39 años y con tres hijos. Sin haber sido informada del proceso, un día recibió una notificación de cómo la vivienda social en la que vivía desde hacía ocho años había sido vendida a la empresa Encasa Cibeles por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid). “Era desesperante pensar que no podíamos luchar y teníamos que aceptar las condiciones que el nuevo propietario nos imponía”, declara.
Después de que se le subiera el precio de alquiler, Paula no pudo seguir pagando y finalmente fue desahuciada: “Es horrible recoger todo lo que has vivido durante ocho años y explicarles a tus hijos, que no entienden que deben dejar su casa, sus recuerdos, su infancia”.
A pesar de que actualmente vive en una casa que no reúne las condiciones adecuadas, especialmente para su hijo, que tiene que jugar, comer y dormir en el mismo sofá, Paula no encuentra una solución a su situación. Después de decirle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo para poder volver a serlo era sobrecogedor: ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social. “No voy a permitir que mis hijos pasen por eso otra vez. No pretendo vivir gratis, solo una vivienda que podamos pagar”, exige.
En cuanto a la situación en Cataluña, Amnistía Internacional denuncia que, a pesar de que se han dado pasos positivos sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos no siempre se cumplen. Como consecuencia, no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
La organización pide:
- Al gobierno español, que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad. Debe además adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados. Asimismo, debe presentar ante el Parlamento español un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.
- A las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.
- A la Comunidad de Cataluña, que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos.
#NoSeVende
Con respecto al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, AI ha lanzado la campaña “El derecho a la vivienda #NoSeVende”, para que protejan a las personas afectadas por la venta de viviendas sociales:
- El gobierno autonómico debe restablecer las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos pueden hacer frente a todos los pagos y las autoridades locales y autonómicas deben evitar los desahucios de viviendas sociales sin la garantía de una vivienda alternativa.
