España debe abonar esta semana otros once millones de euros de multa a la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales y Greenpeace alerta de que España seguirá pagando la multa semestralmente hasta 2022.
Según Greenpeace la primera multa se impuso a España hace seis meses al vencer los plazos para erradicar que los municipios contaminaran por vertidos de aguas residuales al mar en todas las provincias costeras, y los municipios sancionados aún no se han puesto al día.
Solo en 2018 Greenpeace contabilizó al menos 90 impactos por vertidos de aguas residuales en 80 municipios de las 23 provincias costeras.
La ausencia o insuficiencia de depuradoras, la sobrepoblación en época estival, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los puntos de vertidos no autorizados son las principales causas de la deficiente depuración de las aguas residuales urbanas
Teniendo en cuenta que la UE solo ha sancionado a nueve localidades en toda España (Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate -en Andalucía-, Gijón Este -en Asturias- y Valle de Güímar -en Canarias-), estos datos dan una idea de hasta qué punto la contaminación de aguas residuales afecta a todo el litoral, una situación de elevado riesgo para los ecosistemas costeros y la salud de la población.
El propio Ministerio de Transición Ecológica reconoce que aproximadamente una cuarta parte de los municipios de más de 2000 habitantes no cumplen la normativa europea.
“Tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. Sin embargo, España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca”, explica Paloma Nuche, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Graves riesgos para los ecosistemas costeros y la salud de la población
La ausencia o insuficiencia de depuradoras, la sobrepoblación en época estival, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los puntos de vertidos no autorizados son las principales causas de la deficiente depuración de las aguas residuales en España.
Greenpeace denuncia, además, la falta de información pública y de control por parte de las administraciones sobre el volumen real de los vertidos. El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17 000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6800 piscinas olímpicas).
Sin embargo, el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70 % del total.
Los vertidos de aguas residuales urbanas proceden de las aguas negras (fecales), una fuente continua de enfermedades (como, por ejemplo, otitis y gastroenteritis). Estos vertidos, además, afectan gravemente a los ecosistemas marinos: las especies originales desaparecen y, en su lugar, aparecen otras adaptadas a los altos niveles de contaminación.
Por ejemplo, disminuye la presencia de especies beneficiosas como la Posidonia oceanica, clave en el mantenimiento de la biodiversidad y generadora de aguas transparentes y playas de arena blanca, y aumenta la aparición de especies como medusas, microalgas y cianobacterias.
Entre los vertidos de aguas residuales urbanas contabilizados por Greenpeace, destacan -más allá de los multados por Europa- las provincias de Illes Balears, Huelva y Pontevedra
- En Palma de Mallorca, las autoridades locales han reconocido que se vierte agua contaminada al mar. Entre las causas, planes de saneamiento antiguos y obsoletos que no pueden asumir el crecimiento de población, incrementado en época turística, y la dejadez de los políticos, como la negativa de la Conselleria de Medio Ambiente a financiar las obras para detener los vertidos de aguas residuales a la Bahía de Palma pese a la insistencia de la empresa gestora del agua (Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma, EMAYA), entre los años 2011 y 2015. Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la organización ecologista Mallorca Blue.
- En Huelva hay varios municipios que no cuentan con estación de tratamiento de aguas residuales o cuyo tratamiento es insuficiente -no todos incluidos en la multa de la Unión Europea- y en los que los emisarios se dañan de manera recurrente cuando hay temporales, una situación especialmente grave dado el valioso enclave natural con Doñana y las Marismas del Odiel en las inmediaciones. Un caso flagrante es el de Pozo del Camino, que no cuenta con depuradora y lleva años vertiendo aguas residuales y fecales sin ningún tratamiento al Paraje Natural protegido de las las Marismas de Isla Cristina. Además, Huelva capital acoge uno de los polos químicos más grandes de Europa, lo que se traduce en vertidos peligrosos como las balsas de fosfoyesos y de dragados del espigón Juan Carlos.
- Pontevedra, en Galicia, destaca porque las consecuencias de los vertidos, además de conllevar malos olores y el cierre de playas al baño, afectan al marisqueo, base económica de la zona. Las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo albergan una decena de núcleos afectados por vertidos durante el pasado año 2018. La propia ciudad de Vigo, aunque fue inicialmente incluida en la sentencia de la UE de 2011, quedó fuera de la multa del verano pasado; sin embargo, la contaminación por vertidos de aguas residuales urbanas de la ría de la ciudad es tan grave que el Parlamento Europeo está estudiando la situación y podría volver a condenar a España.
Greenpeace exige que las administraciones responsables tomen decisiones ambiciosas y efectivas.
“Es necesario un riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino. Para ello, es imprescindible una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración efectiva y una ordenación del litoral que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar”, concluye Nuche.
