Estados Unidos acumula acusaciones contra Julian Assange por Wikileaks

En aplicación de las leyes contra el espionaje, la justicia estadounidense formuló el 23 de mayo de 2019 diecisiete nuevos cargos contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks que cumple actualmente un año de condena por violación de la libertad condicional en Reino Unido cuando se refugió hace siete años en la embajada de Ecuador en Londres.

De confirmarse cada una de las nuevas acusaciones contra Assange, que llevan aparejadas una condena de hasta diez años de cárcel, podría suponerle una condena de 175 años si finalmente es extraditado a los EE. UU.

Estas nuevas acusaciones llegan después de que hace una semana la justicia sueca decidiera reabrir un asunto archivado de acusaciones por violación «en grado menor», formuladas hace diez años por dos mujeres que, tras una relación sexual consentida, le acusaron de penetración sin consentimiento y sin protección cuando se encontraban dormidas.

Para escapar a la primera demanda de extradición estadounidense, formulada tras la publicación en Wikileaks de 750 000 documentos confidenciales del pentágono y cables diplomáticos, relativos a las actividades del ejército de Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak, y también a la justicia sueca, en 2012 Julian Assange encontró refugio en la embajada de Ecuador en Londres, amparado por el entonces presidente Rafael Correa. La llegada del nuevo presidente, Lenin Moreno, y sus acuerdos con el gobierno ultraconservador y xenófobo de Donald Trump, ha cambiado radicalmente la situación y ha propiciado que la policía británica haya detenido a Assange en la propia embajada.

El mismo jueves 23, el ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano anunció que los efectos personales de Assange, confiscados en la embajada de Londres tras su detención, iban a ser enviados a la fiscalía de Quito para que decida si debe entregarlos a la justicia estadounidense.

Este viernes 24, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannatacci, ha dicho estar muy preocupado por la noticia, y ha pedido al gobierno de Lenin que no entregue a Estados Unidos las pertenecías personales del fundador de Wikileaks: documentos, teléfono móvil, ordenador, otros dispositivos electrónicos y tarjetas de memoria, etc.

Cannatacci ha escrito al gobierno de Ecuador recordando las garantías que deben existir ante cualquier registro y se ha ofrecido a proporcionar asistencia de expertos imparciales para supervisar el registro y separar la información que pudiera ser relevante para un eventual proceso en Estados Unidos de la información privada, que debiera devolverse a Assange. En un comunicado, el relator ha manifestado sentirse «decepcionado por la falta de respuesta» del gobierno de Ecuador.

Lo que para el mundo entero fue una denuncia de los atropellos cometidos por los soldados estadounidenses en los conflictos de Afganistán e Irak, obtenidos por la analista del ejército Chelsea Manning (antes Bradley Manning) y publicados por Wikileaks, para las autoridades estadounidenses fue una conjura de espionaje que ponía en peligro a sus agentes sobre el terreno. Tras años de investigaciones, en 2018, un gran jurado acusó a Julian Assange de asociación de malhechores para cometer un «pirateo informático», con el único cargo de haber pedido a Chelsea Manning que le facilitara una contraseña para acceder a documentos del Pentágono.

Ese mismo gran jurado, en marzo de 2019, citó a Manning para interrogarle sobre Assange. La exmilitar se negó a declarar en contra del australiano y, acusada de poner trabas al funcionamiento de la justicia, volvió a ser encarcelada (Recordemos que Chelsea Manning, quien cambió de género en la cárcel, estuvo siete años en prisión, cumpliendo una condena de 35 por «traición», y fue indultada por Barack Obama pocos días antes de efectuar el traspaso de poderes con Trump).

Como el gran jurado había llegado al final de su mandato, fue disuelto y sustituido por un nuevo colectivo de ciudadanos, elegidos por sorteo, que continúan con el «caso Assange» y que son quienes ahora analizarán los diecisiete nuevos cargos añadidos al procedimiento.

Entre ellos, los de «incitar» y «ayudar» al soldado Manning «a conseguir informaciones confidenciales sabiendo que podían ser utilizadas en contra de Estados Unidos y a favor de alguna nación extranjera».

«Es una locura», ha escrito la organización Wikileaks en Twitter. «Es el fin del periodismo sobre los temas de seguridad nacional y el fin de la Primera Enmienda» de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. En un comunicado hecho público más tarde, Wikileaks denuncia «un ataque sin precedente contra la prensa libre mundial».

«Una amenaza directa a la libertad de prensa y al periodismo de investigación» para Reporteros sin fronteras, mientras que la organización Freedom of the Press habla de «un gran peligro para los periodistas». El responsable de las cuestiones de seguridad nacional de la Secretaria de Estado de Justicia estadounidense, John Demers, ha respondido a todos que «el Ministerio se toma muy en serio el papel de los periodistas en la democracia, pero Julian Assange no es un periodista».

Distintos comentaristas estiman que el caso contra Assange puede sentar un precedente que ponga en peligro a otros periodistas que publiquen informaciones confidenciales.

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Periodista, libertaria, atea y sentimental. Llevo más de medio siglo trabajando en prensa escrita, RNE y TVE; ahora en publicaciones digitales. He sido redactora, corresponsal, enviada especial, guionista, presentadora y hasta ahora, la única mujer que había dirigido un diario de ámbito nacional (Liberación). En lo que se está dando en llamar “los otros protagonistas de la transición” (que se materializará en un congreso en febrero de 2017), es un honor haber participado en el equipo de la revista B.I.C.I.C.L.E.T.A (Boletín informativo del colectivo internacionalista de comunicaciones libertarias y ecologistas de trabajadores anarcosindicalistas). Cenetista, Socia fundadora de la Unió de Periodistes del País Valencià, que presidí hasta 1984, y Socia Honoraria de Reporteros sin Fronteras.

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