Agentes de la Policía Nacional española, en una operación coordinada por Europol en la que ha participado la Policía Nacional francesa y la Policía Judiciaria portuguesa, ha permitido la desarticulación de una organización criminal asentada en España, Francia y Portugal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en territorio francés.
La investigación, iniciada por autoridades judiciales francesas, ha desvelado la existencia de un entramado criminal dirigido y gestionado desde España que explotaba sexualmente a mujeres, en su mayoría de nacionalidad brasileña, en hoteles de diversas localidades galas.
La operación policial ha finalizado con la liberación de ocho víctimas en Francia y la detención e ingreso en prisión de nueve personas: cuatro en España, tres en Portugal y dos en Francia.
Se han practicado un total de doce registros domiciliarios, tres de ellos en España, y se han incautado 20.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y numerosos teléfonos móviles, ordenadores y equipos informáticos.
En el mes de enero de este año 2022, en base a una Orden Europea de Investigación que se originó por las indagaciones abiertas por autoridades judiciales francesas, dio comienzo la colaboración entre la Policía Nacional española, la Policía Nacional francesa y la Policía Judiciaria portuguesa para investigar a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en distintas localidades francesas.
Las pesquisas permitieron constatar que el entramado criminal investigado prostituía a un número importante de mujeres en territorio francés y que era dirigido por varias personas asentadas en España.
La organización publicaba anuncios en páginas web donde se ofrecían los servicios sexuales y se encargaban de gestionar el alojamiento de las mujeres en el país galo, llegando a contratar el transporte con el que se las trasladaba hasta los hoteles donde tenían que prostituirse.
Además, la organización había ubicado en España y Portugal centralitas telefónicas que atendían las llamadas efectuadas por los clientes desde Francia.
Beneficios de 150.000 euros
Las víctimas, principalmente de nacionalidad brasileña, estaban obligadas a entregar a la organización el 50 por ciento de sus ingresos, con los que la red criminal obtenía unos beneficios mensuales cercanos a los 150.000 euros, dinero que era enviado a España mediante transferencias bancarias o empresas de envío de dinero, y que luego era redirigido hacia Brasil y Bélgica.
Como consecuencia de las investigaciones efectuadas en España se han practicado cuatro detenciones, dos en Marbella y dos en Estepona, donde también se han efectuado tres registros domiciliarios.
Dos de ellos se han llevado a cabo en la localidad malagueña de Estepona y han contado con la presencia de la jueza francesa encargada de la investigación en aquel país, varios agentes franceses y de Europol.
A su vez, agentes españoles se han desplazado a Portugal para colaborar con las autoridades lusas en las detenciones y en los registros llevados a cabo allí.
