Los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que por décadas combatieron al Estado colombiano inician una nueva vida como civiles en zonas que fueron de guerra, mientras preparan el lanzamiento de su partido de izquierda, al concluir formalmente este martes, 15 de agosto de 2017, el desarme de la que fuera la guerrilla comunista más poderosa del continente, informa Andes.
Las FARC «como organización armada dejaron de existir», proclamó el lunes el ministro de Interior, Guillermo Rivera, en una entrevista radial, previa a que los últimos camiones con los fusiles que fueron entregados a la ONU salieran de las 26 zonas donde se concentraron las tropas desde inicio de año, según el cronograma acordado con el gobierno.
Durante ocho meses cerca de 7000 hombres, mujeres y menores fueron dejando el armamento en manos de la ONU para su fundición. La misión internacional tiene hasta el 1 de septiembre para ubicar los últimos escondites con material de guerra.
El grupo, que fracasó en su intento de tomar el poder durante medio siglo, inicia así una nueva etapa después de sellar la paz en noviembre al cabo de medio siglo de lucha que deja casi 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Una vida civil
En adelante los rebeldes serán civiles que en principio vivirán en las 26 zonas de desarme o en los llamados «espacios territoriales de capacitación y reincorporación».
«La apuesta nuestra es que la inmensa mayoría de excombatientes, a partir de que logremos generar proyectos colectivos económicos, permanezcan en esas zonas e incluso vengan las familias (…) a vivir en esas zonas», dijo a la AFP Carlos Antonio Lozada, líder de las hasta ahora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con una extensión en promedio de 3 km2, los 26 puntos están alejados de las grandes ciudades y estuvieron bajo influencia guerrillera. Las fuerzas del Estado vigilan sus alrededores.
Además de unos 450 disidentes de las FARC, quedan activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -una guerrilla más pequeña con la que el gobierno intenta sellar la paz- y bandas dedicadas al narcotráfico de origen paramilitar.
Nuevos riesgos
Para este martes también está previsto que las FARC terminen de entregar el listado de bienes para reparar a las víctimas, y salgan de las 26 zonas los niños combatientes que aún quedan bajo protección de los guerrilleros. Hasta el momento el Estado ha recibido a 88 menores.
«Ya se puede considerar que las FARC desaparecen como grupo guerrillero (…) y pasan a ser ciudadanos normales», señaló a la AFP el experto Ariel Ávila, director de la Fundación Paz y Reconciliación que hace seguimiento al acuerdo de paz.
Sin embargo, la nueva etapa enfrenta múltiples desafíos que van desde la seguridad física de los excombatientes hasta el lento proceso de amnistía para centenares de presos.
Hasta la fecha han sido asesinados siete miembros de las FARC en medio del desarme que inició en enero, según Ávila: «Luego viene la seguridad económica, que es donde tenemos mayores problemas hoy día; los guerrilleros no saben qué va a pasar pasado mañana con ellos», agregó.
Aun con los juicios pendientes, las FARC se convertirán en partido político a partir del 1 de septiembre. Ese día darán a conocer el nombre con el que harán proselitismo de cara a las elecciones de 2018.
El acuerdo de paz les garantiza al menos diez curules en el Congreso bicameral de 268 legisladores durante ocho años.
Por lo pronto, las FARC dejan atrás la rígida vida militar. «Se va a dar el caso de gente nuestra que sale de las zonas, va hacia las familias. Pero en esos casos insistimos en la necesidad de que quede el vínculo político y de compromiso de seguir trabajando y luchando por los ideales», afirmó Lozada.
Los rebeldes y agentes del Estado se someterán a una jurisdicción especial de paz que prevé sanciones alternativas a la cárcel para quienes confiesen crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
Entretanto, la oposición de derecha también enfila baterías contra un acuerdo de paz que promete revisar en caso de llegar al poder, pese al apoyo internacional a los compromisos alcanzados durante cuatro años de negociaciones en La Habana.
Los opositores cuestionan el histórico pacto por considerarlo demasiado indulgente con las FARC.
