El Congreso de la Nación ha promulgado una ley que priva de la responsabilidad parental a quien sea condenado como autor, instigador o cómplice del asesinato de la madre o el padre de sus hijos. El mismo castigo se le aplicará al responsable de lesiones graves contra el otro progenitor o contra los hijos, así como de delitos sexuales contra estos últimos, informa Daniel Gutman[1] (IPS) desde Buenos Aires.
Esta iniciativa legislativa, aprobada por el legislativo argentino el 31 de mayo de 2017, tiene su origen en el caso de los hijos de Rosana Galliano, quien fue asesinada a balazos en enero de 2008, por encargo de su exmarido, José Arce, condenado por la justicia a prisión perpetua.
Nueve años después, Arce goza del beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud y vive con los hijos de la pareja, dos varones que hoy tienen 13 y 12 años.
Organizaciones de mujeres sostienen que hay decenas de situaciones parecidas en Argentina, cuya sociedad se ha mostrado particularmente sensibilizada en los últimos años por casos de violencia de género.
La respuesta fue salir a las calles: desde 2015, una extraordinaria movilización social que se mantiene hasta hoy ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a ocuparse del fenómeno de las altas cifras de feminicidios o femicidios, como se tipifica a los asesinatos de mujeres por razón de su género.
«Hemos recibido consultas por una cantidad de casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlos públicos», dijo Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización con sede en Buenos Aires que combate la violencia, el abuso y la discriminación hacia las mujeres.
«Nosotras presentamos en 2014 un proyecto orientado a privar a los femicidas de responsabilidad parental, se discutió junto otros siete similares y se alcanzó un consenso. Es una norma que seguramente va a ser copiada por otros países», añadió en diálogo con IPS.
La Casa del Encuentro comenzó en 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, a recopilar la información publicada por los medios de comunicación sobre muertes violentas de mujeres por razones de género en este país sudamericano con una población cercana a los 44 millones de personas.
Se trata de lo que, ese mismo año, fue definido como femicidio, durante una reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, el instrumento interamericano sancionado en 1994 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
El Congreso argentino se puso en sintonía en 2012, cuando impuso la pena de reclusión perpetua a quien mate «a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género».
Hasta entonces, un hecho de esas características encajaba dentro de la definición de homicidio simple, penado con un máximo de 25 años de prisión.
Sin embargo, esta novedad no sirvió para que disminuyera la violencia contra las mujeres en el país. Las estadísticas de la Casa del Encuentro demuestran que los femicidios se han mantenido medianamente estables en un muy alto nivel: 255 en 2012, 295 en 2013, 277 en 2014, 286 en 2015 y 290 el año pasado.
Entre los cientos de casos, hubo uno que alteró por completo la vida de una comunidad del interior del país y terminó por sacudir al país. Chiara Páez, una adolescente de 14 años, desapareció un domingo de mayo de 2015 en Rufino, provincia de Santa Fe.
Buena parte de los 20 000 habitantes de la localidad salieron a buscarla, pero finalmente la policía la encontró enterrada en la casa de los abuelos de su novio, un chico de 16 años que confesó que la había matado a golpes. La autopsia reveló que Chiara estaba embarazada y que había tomado una medicación para abortar.
Unos días más tarde, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para exigir un freno a la violencia machista. «Ni una menos» fue la consigna ideada por un grupo de activistas feministas y periodistas, que buena parte de la sociedad argentina hizo suya de inmediato.
Desde entonces, la marcha de «Ni una menos» se celebra anualmente, con convocatorias multitudinarias y su última edición fue el 3 de junio de 2017. Mujeres y hombres coparon la emblemática Avenida de Mayo –que une el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno, en Buenos Aires- y una de las oradoras centrales fue Nora Cortiñas, prestigiosa dirigente de la organización humanitaria de Madres de Plaza de Mayo.
En el documento de la movilización se advirtió que muchas mujeres son asesinadas a pesar de haber denunciado ser víctimas de violencia y se señaló que, por eso, «el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida».
Además, se reclamó el cese de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral y se exigió la despenalización del aborto, de manera que éste sea «libre, legal, seguro y gratuito».
Femicidio y valores culturales
«La violencia contra las mujeres no va a disminuir rápidamente porque está vinculada principalmente a factores culturales muy marcados en la sociedad, como el mayor valor del hombre en todos los ámbitos», dijo a IPS la médica Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
«Además aún falta las respuestas gubernamentales. Se debe diseñar un protocolo que unifique las conductas a seguir en todo el país ante las denuncias de violencia de género», explicó.
Actualmente, detalló la especialista, «en la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa».
Entre los resultados de la movilización social se incluye que, en 2015, finalmente el Estado comenzó a elaborar estadísticas de femicidios. Están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de mayo presentó sus números correspondientes a 2016: fueron asesinadas por razones de género 254 mujeres, 19 más que el año anterior.
En el informe de este año la Corte discriminó por primera vez entre «mujeres biológicamente femeninas» y travestis, un colectivo en el que se registraron cinco asesinatos por cuestiones de género el año pasado.
El Congreso, por su lado, no se quedó solo en la ley de responsabilidad parental. El mismo día en que esta fue aprobada, se le dio media sanción en el Senado a otras dos normas vinculadas con la violencia de género.
Una de ellas establece una ayuda económica estatal para las mujeres que, por falta de recursos, no puedan alejarse del agresor. La otra instrumenta un subsidio para las familias que críen a los niños cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios. Los dos proyectos deben ser debatidos ahora en la Cámara de Diputados para convertirse en leyes.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
