Palabra de Antígona
Los hechos y no lo discursos son los que nos revelan la realidad. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, decretó la desaparición de la Secretaría de la Mujer para instalar un “Instituto de Igualdad Sustantiva” en enero de 2016. Un retroceso. Sin embargo, algunas mujeres de izquierda como otras feministas están muy contentas. La nueva directora, todavía secretaria, es Fabiola Alanís, y parece que la nueva instancia será integrada a la Secretaria de Desarrollo Social.
Exactamente lo que al comienzo de este sexenio se pretendió hacer con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) creado por una ley de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, reglamentaria del artículo cuarto de la Carta Magna.
Es, además, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, esa ley impidió enviarlo a la Secretaría de Desarrollo social, como apéndice; los asesores de Enrique Peña Nieto tendrían que haber derogado su ley. Ello lo impidió, por eso ahora en Michoacán el nuevo gobernador creó el decreto y sacó del primer nivel la política de género.
Increíble. En Veracruz la semana pasada apareció esa misma intención, alrededor del escándalo del desvío de más de cinco millones de pesos que envió el gobierno federal para las tareas del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Las opiniones en Veracruz se han dirigido a pegarle al Instituto y pretenden mandarlo como apéndice a Desarrollo Social. ¿Será este el argumento para el presupuesto base cero donde se compactarán los programas?
El mal ejemplo de Aureoles parece cundir. Lo que en Veracruz se discute es si el instituto debe ir a parar a una oficina de Desarrollo Social. Sin autonomía ni gestión de sus recursos. Grave.
Se trata de un retroceso. Por ello me dijo la directora del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, Teresa Inchaústegui, que estamos en un momento crucial: “o redoblamos el paso y damos el salto o se van a empezar a dar retrocesos”. Efectivamente hay una andanada peligrosísima, mientras la sociedad civil feminista pasa por una etapa de gran debilidad.
Desde el año 2000 en que se creó la Ley para el INMUJERES y se acrecentó una política de género al comenzar la administración de Peña Nieto, los señores están muy enojados. Más enojados porque desde los Pinos se impulsó en la CONAGO que hubiera una comisión de igualdad y todos los gobernadores, de todo el país, firmaron un acuerdo para cumplir con la ley, simplemente eso: hacer una política de igualdad fundada en la tercera línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo.
Todos han firmado, pero en la práctica no destinan recursos a los institutos; desvían o hacen mal uso de los recursos, se tambalean los enlaces de género en las Secretarías del gobierno central, en la realidad la política federal destina para todos los programas de impulso a la igualdad de género sólo el 0.5 por ciento del presupuesto nacional.
O sea una contradicción fundamental que tampoco se corresponde con las declaraciones del presidente de la República recientemente en Nueva York, donde dijo que llamará a su equipo a cumplir. Más o menos señaló: elevar a nivel ministerial la política de igualdad. Él presidirá las reuniones del mecanismo, tal como la Ley de Igualdad lo mandata. Es un arrojo político, sin duda, el tema es que no cuenta con su equipo.
Todo conspira en contra. Evidentemente el enojo en la República es también por la paridad electoral. En 2016 habrá nuevamente elecciones en 13 entidades. La aplicación de la ley ahora cuenta con al menos cinco jurisprudencias para ir más allá de la paridad en las listas electorales de los congresos. Tendrá que hacerse en los municipios, de manera vertical y horizontal. Nada de subterfugios. Por supuesto que están muy enojados. ¿A qué hora y cómo vamos a promover la paridad en todos los otros ámbitos de la vida?
La mejor forma de frenar esta política es sacando de la bolsa el dinero que nunca alcanza. Muchos institutos municipales y algunos estatales sólo tienen el membrete, carecen de apoyo económico; están en la tercera o cuarta posición de las estructuras de toma de decisiones; las congresistas a lo largo y ancho del país carecen de emoción feminista, ni siquiera saben género; muchas de ellas son buenas funcionarias públicas, pero en el fondo de su corazón no están convencidas de que la igualdad es fundamental para la democracia.
Por eso, Teresa Incháustegui dice que hay que dar el salto. ¿Cómo? Renovando la fuerza colectiva. Las personas convencidas y muchas de ellas actuantes, tendrían que ser congruentes, actuar de acuerdo con la ley, pero sobre todo con convicciones, no con simulaciones. Es difícil en un momento de grave crisis de credibilidad de la actuación gubernamental, de presupuesto y de vacíos y vicios tremendos.
La fuerza colectiva implica a la sociedad civil organizada, que a decir de muchas de sus líderes y activistas, la falta de apoyos financieros ha hecho desaparecer grupos en asuntos tan importantes como la salud sexual y reproductiva. Así lo manifestaron a propósito de la Reunión de Población y Desarrollo celebrada en el Distrito Federal la semana que terminó. Y estos son los hechos, a pesar de los discursos.
El día 16 se va a celebrar el Décimo Encuentro Nacional Feminista en Toluca, Estado de México, donde por primera vez en muchos años no hay recursos y existen algunas críticas y contradicciones sobre su organización. Esto será un descalabro, porque entre las mujeres que han empujado y sostenido las políticas oficiales, asoman dificultades, lo que abonará al debilitamiento de la política de género. Los enojados con los avances estarán muy contentos. Grave y peor.
Me pregunto en que quedarán los convenios de Inmujeres y los gobiernos estatales si habrá menos recursos para los estados y municipios; si es débil todavía el compromiso y el convencimiento de muchas instancias; si no hay personal suficiente con lo que se conoce como perspectiva de género o claridad ética y filosófica acerca de la evidente discriminación de las mujeres; si del 42.4 por ciento de las legisladoras, un porcentaje mínimo, tiene compromiso de fondo con las mujeres; si se emplea a muchas mujeres en esta tarea con una preocupante carencia de conocimiento de la igualdad; si los administradores quieren números y no se capacitan, sino más bien se llenan formatos y se acumulan estadísticas justificatorias de los recursos. Si importa más un formato, por cierto tortuoso, que el fondo y el contenido o la tarea. Diría una eminente feminista: es una simulación.
Mientras ahí están los hechos, a las mujeres nos violenta el machismo, la misoginia y la estulticia: violadas, hostigadas y asesinadas; si hay prácticas discriminatorias sistemáticas y encima millones, de mujeres, poco más de cinco en pobreza extrema; si además se les revictimiza en donde debían recibir apoyo para salvar sus vidas; si parece ridículo incluir contenidos formativos en el Sistema Educativo Nacional; si las oficinas que funcionan ven reducidos sus presupuestos y su voz en los espacios de toma de decisiones; si se reduce en 43 por ciento el presupuesto para los centros de justicia para las mujeres; si conspiran todos los días los empleados de los gobernadores para burlar la ley, como en Veracruz, si hay un gobernador dizque de izquierda que baja del Ejecutivo a la política de género, etcétera, etcétera. Veremos.
