Greenpeace ha informado de que la central central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) incumple el proceso de las Pruebas de Resistencia y, en particular, los planes de acción nacional y su aplicación.
Esta denuncia de la organización se enmarca en la celebración en Bruselas de la II Conferencia Europea de Seguridad Nuclear, organizada por el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG), en la que Greenpeace expondrá esta situación.
La central nuclear de Santa María de Garoña no ha incorporado todavía las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) emanadas de las Pruebas de Resistencia tras el accidente de Fukushima en marzo de 2011. Tampoco está implementando el Plan de Acción Nacional remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la Comisión Europea en diciembre de 2012. Este incumplimiento se debe a que Garoña está en un proceso de declaración de cese definitivo de explotación [1].
Sin embargo, este proceso está siendo perturbado reiteradamente por el Gobierno de España, y apoyado por el CSN, lo que genera una indefinición jurídica y normativa que avala tanto el incuplimiento de las pruebas de resistencia en caso de cierre, como en caso de reapertura.
«Greenpeace exige que se cierre de manera definitiva e irreversible la central nuclear de Garoña, de lo contrario le están dando una coartada a la inseguridad nuclear», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace: «El reactor de Garoña es igual que Fukusima, y el accidente en Japón fue consecuencia de la complicidad entre el Gobierno, el regulador y el operador, exactamente lo mismo que está sucediendo en España», concluye.
[1] Resumen del proceso de cierre de Garoña
En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocaba parcialmente la Orden Ministerial de 3 julio 2009, que establece el cese de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña para el 6 julio de 2013. Esto permitió a Nuclenor (Endesa e Iberdrola) solicitar una nueva autorización de explotación por seis años más, hasta 2019, a la vez que fijaba el 5 de septiembre como fecha límite para que el titular presentara una nueva solicitud de autorización de funcionamiento.
En agosto de 2012 Nuclenor solicitó un aplazamiento para iniciar este proceso, que fue denegado por el ministerio, previo informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Agotado el plazo, el CSN solicitó el 13 septiembre la documentación para la fase de cese de explotación. Así, Nuclenor entregó el pasado 6 de noviembre la documentación requerida, de acuerdo con la fecha límite establecida por el CSN. A partir de este momento, se inició el proceso del fin de la explotación de la central, que es determinado por tres resoluciones administrativas: la declaración de cese de explotación; la autorización de desmantelamiento; y finalmente, la declaración de clausura.
El 16 de diciembre la central nuclear se desacoplaba de la red eléctrica, según Nuclenor el mantenimiento de la operación de la central conduciría a unas pérdidas de unos 96 millones de euros, lo que hace inviable económicamente, a no ser que se modifique sustancialmente el proyecto de ley de sostenibilidad energética que se estaba tramitando.
El 28 de diciembre de 2012 el titular, por razones ajenas a la seguridad nuclear y de índole de inviabilidad económica expresamente declarada por Nuclenor, pide el cese definitivo de la explotación. El Ministerio de Industria solicita el informe preceptivo al CSN el 3 de enero de 2013.
El 14 de febrero de 2013, el CSN informó al Ministerio de Industria sobre la falta de la declaración del cese de la explotación.
El 16 de mayo el Ministerio de Industria volvía a pedirle al CSN que valorará de nuevo la posibilidad de modificar la Orden Ministerial antes del 1 de junio, para que Nuclenor pudiera solicitar la autorización de explotación manteniéndose sin operar a potencia.
Tras cinco días de deliberaciones, el 24 de mayo, el CSN mediante una decisión no consensuada por las condiciones técnicas, sino tomada mediante una votación, autorizaba dicho cambio al Ministerio de Industria.
El Ministerio de Industria deja pasar el plazo del 1 de junio, que él mismo había solicitado, y no modifica su orden ministerial, impidiendo que Nuclenor pueda solicitar la autorización. El 3 de junio el CSN informa al Ministerio de Industria sobre las condiciones asociadas al cese de explotación de la central en situación de parada definitiva. El 5 de junio, Nuclenor remite al Ministerio de Industria los documentos oficiales de explotación de la central asociados al cese de la explotación siguiendo los procedimientos administrativos vigentes, a la espera que el Ministerio, antes del próximo 6 de julio que termina el permiso de explotación vigente, declare el cese definitivo.
Durante las próximas semanas se espera que el Gobierno publique nuevas normativas referentes al sistema eléctrico, que pueden influir en este proceso.
