Greenpeace ha emitido un comunicado en el que celebra el anuncio hecho hoy por el Ministerio de Energía denegando la renovación de la central nuclear de Garoña por falta de certidumbre para operar con seguridad, por falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y por el impacto nulo que supondrá en el sistema eléctrico español.
Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace señala que esta decisión del Gobierno «abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España» y sostiene que «cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”.
La organización ecologista, junto a otras ONG, lleva todos estos años informando, documentando y protestado de forma pacífica para pedir el cierre de Garoña por motivos de seguridad y de contaminación al medio ambiente, y en último término denunciando la modificación de las normativas para dar ventajas económicas a los propietarios contra el interés general.
Según el último informe publicado por Greenpeace El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, el desmantelamiento generaría miles de puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20 000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30 % del fondo para la gestión de los residuos nucleares.
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se practicaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
Cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria pidió el cese de operación en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación. Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031, hasta que hoy el ministro ha anunciado su cierre definitivo.
El parque nuclear en España está envejecido, tiene una media de 33 años y con las licencias de explotación actualmente en vigor alcanzará los 38 años. Estamos por tanto ante el final de la vida útil de las centrales nucleares de nuestro país. Sin embargo, estas necesitan ser desmanteladas, y sus residuos radiactivos gestionados adecuadamente para su almacenamiento durante periodos de tiempo incalculables. Estos residuos suponen que el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión nuclear y la sociedad debe continuar resolviendo estos asuntos, por ello Greenpeace propone no conceder ninguna licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya su periodo de validez y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para administrar la peligrosa basura que generan las nucleares.
“Todas las personas y las futuras generaciones merecen un futuro sin más residuos nucleares, sin más accidentes nucleares y con un modelo energético seguro, limpio y justo”, ha concluido Montón.
