Greenpeace sostiene que el Real Decreto-Ley 9/2013 suprime el sistema de apoyo a las renovables vigente desde 1997 para complacer a las grandes eléctricas
Una vez conocido el texto de la reforma del sector eléctrico presentada el pasado viernes por el Gobierno, tras la publicación del Real Decreto-Ley 9/2013 en el BOE, Greenpeace ha podido constatar que esta legislación acaba definitivamente con el sistema de apoyo a las energías renovables que colocó a España como líder mundial en energía limpia y que cada vez más países han copiado o adaptado.
Para Greenpeace, este acto legislativo supone un retroceso histórico, que desmantela definitivamente el sistema de apoyo más eficiente a las energías renovables, perpetuando así un modelo energético basado en el uso de fuentes contaminantes y la dependencia energética exterior durante las próximas décadas. Por ello la organización ecologista pide a los grupos políticos del Congreso que no convaliden el Real Decreto-Ley 9/2013.
«Para complacer a Iberdrola el ministro Soria está cambiando un sistema por otro peor, para lograr que nadie más invierta en energías renovables en este país«, ha declarado Julio Barea responsable de Energía de Greenpeace. «No tiene justificación alguna que se suprima de un plumazo el soporte legislativo bajo cuyo amparo decenas de miles de inversores decidieron apostar por las renovables confiando en una seguridad jurídica que ahora se evapora«.
Greenpeace considera que esta reforma responde a la hoja de ruta de las grandes compañías eléctricas, encabezadas por Iberdrola, que quieren acabar con la competencia que les hacían las renovables. Además, las eléctricas consiguen eludir la obligación legal que tienen actualmente de financiar el déficit de tarifa, de forma que ahora esa obligación se extiende a todas las demás empresas generadoras, mientras las grandes eléctricas siguen cobrando por sus centrales de ciclo combinados paradas.
Para Greenpeace, el error más grave del texto del Real Decreto-Ley 9/2013 es la ausencia de estrategia al sustentarse en una visión a corto plazo y que aleja a España de poder cumplir objetivos europeos en renovables, emisiones y eficiencia para las próximas décadas. Esta reforma se hace al margen de cualquier planificación energética. La organización ecologista hace hincapié en que mientras países como Alemania o Dinamarca están desarrollando sus hojas de ruta hacia sistemas 100% renovables, España camina en la dirección diametralmente opuesta.
Entre los puntos más controvertidos del texto los ecologistas destacan:
- La supresión del sistema de apoyo a las energías renovables con carácter retroactivo.
- La exoneración a las eléctricas de UNESA de soportar el déficit que se produzca, sin haberles exigido devolver los costes de transición a la competencia que cobraron indebidamente.
- El mantenimiento del funcionamiento del mercado eléctrico dominado por las mismas grandes eléctricas, cuyo poder de mercado les permite determinar el precio de la energía eléctrica que pagan todos los consumidores, mientras mantienen ocultos los costes reales de la energía. Como recoge el preámbulo del texto normativo, la entrada masiva de energía renovable en el sistema, en los primeros meses de 2013, ha bajado el precio de la energía en el mercado. Sin embargo, esto no repercute directamente en el consumidor.
- El mantenimiento de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, a pesar de que no son necesarias, debido al descenso de la demanda y a la penetración de renovables en el sistema.
- La creación de un registro para el autoconsumo, que podría convertirse en una nueva forma de control restrictivo, sin cumplir la obligación legal de regular el autoconsumo desde hace más de un año.
La reforma del sistema eléctrico anuncia la consolidación de los impuestos a la energía nuclear, sin cuestionar su participación en el mix de generación, al contrario que la ley de planificación energética francesa que se prevé para otoño. En ambos casos la falta de seguridad de estas instalaciones es el tema de debate, en España protagonizado por la central nuclear de Garoña y, hoy en Francia, por la central nuclear de Tricastin, donde varias decenas de activistas de Greenpeace han realizado una acción de protesta para denunciar el estado de sus instalaciones y exigir al Gobierno francés su cierre.
