El Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala condenó a Sergio Waldemar Cardona Reyes a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, ocurrido el 10 de marzo del 2015, sin embargo lo absolvió por el crimen de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo, y el intento de asesinato en contra de Marvin Túnchez, reportero de un canal local, informa Cerigua.
La corte absolvió también de cualquier delito a Artemio de Jesús Rodríguez Torres, señalado de asociación ilícita por su responsabilidad en el crimen, mientras que German Amílcar Morataya Beltrán únicamente fue condenado a dos años de prisión por el delito de uso público de nombre supuesto.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) presentó como medio de prueba ante el tribunal, la declaración de un colaborador eficaz, análisis de desplegados telefónicos de los involucrados en la estructura, los cuales demostraron la comunicación entre los involucrados horas antes del ataque, así como otras pruebas materiales y documentales.
Cardona Reyes fue capturado horas después de cometer el asesinato, mientras que Rodríguez Torres fue aprehendido dos días más tarde. De acuerdo con la investigación, el objetivo de los sicarios era asesinar únicamente a López, sin embargo Salazar y Túnchez fueron víctimas colaterales del ataque.
Por este mismo caso también se encuentran procesados Jorge de León Cabrera Solís y Luis Emerio Juárez Pichillá, agentes de la Dirección de Protección a Personalidades y Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes aparentemente coordinaron el crimen, así como Germán Amílcar Morataya Beltran y Arlin Gervando López Gramajo, supuestos colaboradores; mientras que Eduardo Ariel Mazariegos Rodríguez se encuentra prófugo.
El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en enero de 2017 una solicitud de antejuicio en contra de Julio Juárez Ramírez, diputado de Suchitepéquez electo por LIDER y actual miembro de la bancada oficial, por supuestamente ser el responsable intelectual del crimen.
La fiscalía indicó que el posible móvil del crimen se relaciona con una disputa de la candidatura para la alcaldía de Cuyotenango, Suchitepéquez, entre López y el político.
Las pesquisas establecieron que, según información recuperada del teléfono del corresponsal de Prensa Libre, López apoyaba la candidatura de Érick Rolando López Posada para la alcaldía por parte de LIDER, mientras que Juárez apoyaba a Débora Borrayo Lima para el puesto.
López Posada tenía problemas para postularse, debido a que era contratista del Estado, por lo cual el diputado, quien tenía el control de las bases de la agrupación política, decidió apoyar a la otra candidata.
Este tema causó fuertes desacuerdos entre el periodista y el político, señaló la fiscalía; el 6 de marzo del 2015, cuatro días antes de su asesinato, el periodista público una nota en el medio digital “El Sur”, en el que informaba sobre una investigación relacionada con el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de Juárez Ramírez.
La fiscalía indicó que una de las conclusiones de la investigación preliminar es que el diputado vio en López una amenaza para consolidar su candidatura al Congreso de la República y un cuestionamiento a su poder en ese departamento.
El antejuicio contra el congresista no ha avanzado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que en el caso del resto de implicados el proceso aún no ha llegado a debate.
