Las felicitaciones mutuas de los asistentes y de todos los espacios de poder se han escuchado a un año del insólito evento que llevó a la cárcel a quienes hicieron del Estado en Guatemala una piñata, siguiendo el ejemplo de las anteriores administraciones que no fueron investigadas por el Ministerio Público, salvo algunas excepciones, además de que carecíamos de un ente internacional de apoyo para hacer efectivas las pesquisas.
El mundo también aplaudió a la Plaza. Fue una recuperación del espacio público y, al mismo tiempo, el estreno de personas y familias enteras en la incursión hacia las protestas ciudadanas. Aunque hoy ya se escuchan otros enfoques y análisis que han sacado a luz que no fue un “movimiento espontáneo”, sino que hubo otros actores invisibles determinantes en las masivas movilizaciones. Pero hay un aspecto que poco o nada se ha mencionado y que es una contribución que debemos valorar y fomentar, pues eso puede garantizarnos la seguridad y la vida, teniendo, en el caso de los periodistas, una mayor significación.
En medio de las inconformidades por lo obsceno de la ambición, que en ese momento todavía no se había dimensionado, sectores sociales, especialmente de clase media, tomaron la plaza. Había otro segmento presente, pero su motivación era ganarse la vida, los trabajadores de “la economía informal”, quienes contribuyeron ofreciendo toda clase de productos para saciar el hambre, la sed, guarecerse del sol, intensificar la participación con sonidos, etc.
Y hubo un actor más, que prácticamente se vistió de invisible: los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El director de la entidad, Stu Velasco, expuso en un evento organizado por la Asociación de Periodistas de Guatemala en el municipio de San Andrés Itzapa, su versión de los acontecimientos. Ellos tenían dos misiones: la orden expresa de la Corte de Constitucionalidad de resguardar la vida y la locomoción de las personas, en aras de la gobernabilidad e institucionalidad del Estado, y garantizar la libre expresión.
Ellos decidieron que debían demostrarle al país que la PNC ha evolucionado, ya no es la Policía Nacional recordada por represiva, temidos y señalados por la población. Ahora tienen otro concepto que les está costando que se comprenda: el de la seguridad compartida.
La orden fue que la fuerza policial debía actuar en el marco de un sistema democrático, con respeto absoluto a los derechos humanos. Enviaron a cinco mil efectivos para resguardar la seguridad física de los manifestantes, con la instrucción que ninguno debía portar arma de fuego. Demostraron durante todas las concentraciones su capacidad y madurez, así como la responsabilidad que se está inculcando a cada uno de sus elementos.
Esa versión no ha tenido mucho espacio en los medios. Las publicaciones giran en torno a las denuncias de corrupción en la entidad y las acciones de criminales insertos en ella, que deben ser investigadas, esclarecidas y sometidos los culpables a la justicia. Hay un esfuerzo por depurar la institución, detectar a los malos elementos, a los infiltrados, para sacarlos y consignarlos. No quieren ocultar sus problemas, que solo abona a su destrucción.
En otros países, el policía es un referente de autoridad, un funcionario confiable, una persona a quien se acude en busca de ayuda, pero también es un profesional respetable y respetado; un trabajador del Estado con un salario digno y con condiciones laborales decentes. En nuestro caso, por la historia que arrastramos, por la debilidad del Estado, por la penetración de estructuras criminales y la falta de visión estratégica para impulsar las reformas y reestructuración de la entidad, la PNC es un ente que carece de ese aprecio ciudadano y si no lo construimos, no tendremos ese necesario perfil de servidor público, en detrimento de nuestra seguridad.
