Ileana Alamilla[1]
Esta discusión ha sido tan reiterada en Guatemala como refutada constantemente. Un sector del empresariado considera que invertir en los pobres es desperdiciar los recursos, es mejor invertir en los “innovadores”, en los pequeños empresarios, en las cooperativas, o sea aquellos que, según ellos, generan riqueza. Con esta visión menosprecian el aporte, actual y potencial, que los campesinos dan a la economía del país. ¡Comemos lo que ellos producen!
Datos de la FAO indican que más de las tres cuartas partes de la población pobre del mundo dependen de la agricultura y de los medios de vida basados en los recursos naturales. Y señala que “muchos de los motivos que llevan a las personas a migrar pueden abordarse invirtiendo en desarrollo rural, apoyando el empleo rural decente y garantizando redes de seguridad social. Este esfuerzo también contribuye a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable del Hambre Cero en 2030”. Guatemala no cumplió casi con ninguno de los Objetivos del Milenio y, a diferencia de otros países que reportaron disminución de la pobreza, en nuestro caso esta se incrementó, así como la riqueza de algunos.
Infinidad de diagnósticos e informes nacionales e internacionales han concluido que en nuestro país la población más afectada por los bajos ingresos, la falta de empleo y de oportunidades es la que se encuentra en las áreas rurales, que parecen una pintura de hace décadas. No cambia nada debido a la falta de formulación e implementación de políticas para transformar esa realidad.
Durante diez años se discutió de manera participativa y fue aprobada una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), aplaudida internacionalmente e ignorada por el Estado y cuestionada por quienes ven el desarrollo como producto de la urbanización, pretendiendo ubicar a las mayorías empobrecidas en polos de desarrollo, pero sin considerar las condiciones en que se encuentran actualmente, su falta de capacitación y de preparación para llegar a esos paraísos de “ciudades intermedias”, propuesta que los empresarios hicieron el año anterior, ahora complementada con otra oportunidad de “inversión y ganancia”, que es la construcción de infraestructura vial, que ciertamente es indispensable, pero que no debe ser excluyente a la urgente necesidad que tiene el país de invertir en las áreas que están calificadas como las más pobres y de donde son expulsados grandes contingentes de jóvenes, tanto a los centros urbanos como al exterior, principalmente a los Estados Unidos.
La población rural carece de ingresos para adquirir la canasta básica; es decir, no tienen ni para comer, 76 % de ellos están en condiciones de pobreza general y 35 %, en extrema pobreza.
La implementación de la PNDRI contribuiría sustancialmente a cerrar la brecha campo/ciudad, logrando que los campesinos alcanzaran una vida digna.
Los y las campesinas, además de dedicarse a la agricultura, tienen aptitudes para desempeñarse en otras actividades, como la crianza de animales, la artesanía, el comercio de sus productos, los tejidos, solo por mencionar algunos. Esa es la enorme riqueza desperdiciada en Guatemala, en donde la mayoría de los niños rurales menores de 5 años ya no podrán recuperarse del daño irreversible que la pobreza, convertida en desnutrición crónica, ha causado en sus cerebros.
La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación cada 16 de octubre, para conmemorar la fundación de esa organización en el año 1945. Se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de la ONU.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
