Las protestas no cesan en Hong Kong, donde desde el pasado 9 de junio de 2019 se viene sucediendo una movilización histórica, todos los fines de semana, contra el gobierno de Carrie Lam, acusada de ceder a las presiones del Partido Comunista Chino, que gobierna en Pekín.
El sábado 31 de agosto se repitieron los enfrentamientos entre la policía -que había prohibido los actos programados por la oposición, aludiendo a razones de orden público- y los manifestantes que, para recordar el quinto aniversario de la “revolución de los paraguas” acudieron vestidos mayoritariamente de negro, exhibían pancartas reclamando un régimen y un gobierno democráticos y, naturalmente, se cubrían con paraguas de todos los colores.
La policía abusó de la violencia para enfrentarse con los medios caseros de la multitud (lanzamiento de piedras, latas, botellas y algún que otro cóctel Molotov), a los que respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y también porra en mano.
A media tarde del domingo 1 de septiembre, la prensa internacional da la cifra de cinco personas en estado grave, confirmadas por los servicios sanitarios de la ciudad autónoma a la radiotelevisión local RTHK. En la noche del sábado, esos servicios atendieron a 31 personas, de las que dieciocho habían sido dadas de alta a primeras horas de la mañana, procedentes en su mayoría de una carga policial en la estación de Prince Edward.
La víspera, el viernes 30, y por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones, había sonado un disparo: fue un tiro al aire efectuado por un policía “para asustar” a los manifestantes. También el viernes, y también por primera vez, detuvieron a tres parlamentarios: la detención de Cheng Chung-tai la anuncio su partido, Pasión Cívica, en la página de Internet; a los otros dos –Au Nok-hin y Jeremy Tam– les acusan de “obstrucción a la policía”. Los tres quedaron en libertad con fianza al final del día.
Lo mismo que ocurrió con los activistas Joshua Wong y Agnes Chow, fundadora del partido Demosisto, junto con Wong y Nathan Law, y actual portavoz del sindicato de estudiantes Scholarism, ambos de veintidós años; y Andy Chan Ho-tin, de veintiocho años, fundador en 2016 del Partido Nacional de Hong Kong (prohibido en 2018): “Pekín persigue a los demócratas de Hong Kong. No nos rendimos, seguiremos luchando”, prometió Wong al abandonar el tribunal.
(Nathan Law en 2016 fue, con veintitrés años, el diputado más joven del Consejo Legislativo de Hong Kong. Destituido al año siguiente, fue condenado a ocho meses de cárcel por su papel, como líder estudiantil, en el “movimiento de los paraguas” de 2014. Law, quien en un tuit ha denunciado recibir amenazas en las redes sociales, un mensaje hablaba de “cortar a Law en pedazos”, espera poder licenciarse este curso en Estudios Asiáticos en la Universidad de Yale, en Estados Unidos).
Para este domingo estaba convocada una protesta para cortar el acceso al aeropuerto, que se ha llevado a cabo a juzgar por las imágenes transmitidas por los canales internacionales de televisión, y un mitin frente al Consulado británico para pedir al gobierno de Londres que declare incumplida la Declaración chino-británica de 1984, un tratado internacional firmado el 19 de diciembre por los primeros ministros de los gobiernos de la República Popular de China (RPC) y el Reino Unido, que entró en vigor tras la ratificación del 27 de mayo de 1985 y quedó registrada en la ONU el 12 de junio de ese año, por la que el gobierno de la RPC afirmaba su deseo de recuperar el ejercicio de la soberanía de Hong Kong con efecto a 1 de julio de 1997, fecha en la que el Reino Unido se lo entregaría según el principio “un país, dos sistemas”, lo que significaba que el gobierno chino se comprometía durante los cincuenta años siguientes (hasta 2047) a mantener la autonomía del territorio y a que sus ciudadanos disfrutaran de libertades que no tienen los chinos del continente.
