Un nuevo informe anual de Human Rights Watch (HRW), publicado el jueves 13 de enero 2022 señala la grave situación por la que atraviesan periodistas y críticos en Marruecos, así como las leyes discriminatorias de la comunidad LGTBI y de las mujeres; y la restricción de la libertad de expresión en el Sahara Occidental.
El documento total de 700 páginas repasa la situación de la mayoría de los países en 2021.
Sobre Marruecos, la ONG destaca especialmente la sucesión de «procesos penales contra periodistas y personas que hacen declaraciones críticas».
Mencionan los juicios contra periodistas, en concreto, Souleiman Raïssouni, Omar Radi, Imad Stitou, Taoufik Bouachrine y el historiador Maâti Monjib. Según la organización, estos últimos fueron condenados «por sus opiniones, bajo la apariencia de delitos sexuales, presunto espionaje o especulaciones, cuando las pruebas eran escasas o discutibles, o el juicio no respetó las reglas de un juicio justo».
En cuanto a la libertad de expresión, destaca la condena de tres meses al youtuber Chafik Omerani acusándolo de haber «publicado una serie de videos que contenían expresiones insultantes y difamatorias contra las instituciones constitucionales y funcionarios públicos».
También citan el caso de Noureddine El Aouaj quien hizo declaraciones críticas sobre el rey Mohamed VI, filmadas y difundidas en las redes sociales, en paralelo al juicio en primera instancia del periodista Souleiman Raïssouni. También se menciona el caso de Mustapha Semlali, en relación con su condena de dos años de prisión tras las declaraciones efectuadas sobre el príncipe Moulay Rachid, hermano del rey.
HRW enumera numerosos arrestos y condenas de blogueros desde principios de 2021. Así, recuerda la detención del estudiante italo-marroquí Ikram Nazih a su llegada al país, luego su condena por un «ataque a la religión islámica» debido a una parodia de versos coránicos, defendiendo el consumo de alcohol, que compartió previamente en su página de la red social Facebook.
Por haber hecho comentarios que implicaban a las autoridades de Marraquech en la cobertura de actividades de turismo sexual, la internauta Jamila Saadane también fue condenada, recuerda la ONG internacional.
En otros aspectos, HRW menciona a las asociaciones de la sociedad civil. En este sentido, observó una continuidad de obstáculos al trabajo de ciertas organizaciones, en particular la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en 84 de sus 99 secciones locales. Según el informe, muchos se enfrentan a problemas operativos «por trabas administrativas, como la imposibilidad de abrir cuentas bancarias, alquilar locales u obtener su justificante al renovar el cargo».
Coincidiendo con este informe, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos también denunció los ataques a la libertad de expresión y opinión en 2021. Señalan que continuaron las detenciones y juicios contra blogueros y periodistas además de la proliferación de páginas web, que sirven a los servicios de seguridad, donde atacan y calumnian con total impunidad a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos.
