La deforestación en la Amazonia peruana, producida principalmente por la agricultura y la minería, causó la pérdida de más de 100 millones de toneladas métricas de carbono entre 2013 y 2020, cifra similar a los gases de efecto invernadero emitidos por 80 millones de vehículos de transporte de pasajeros en un solo año, informa Claudia Mazzeo desde Buenos Aires.
En contraste, las áreas protegidas y las tierras bajo custodia de las comunidades indígenas salvaguardaron en esa región de la selva tropical 3200 millones de toneladas métricas de carbono en ese mismo lapso, almacenando respectivamente en su cobertura boscosa, el 56 y el 44 por ciento de ese elemento.
La información surge de una investigación liderada por el Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), iniciativa de Conservación Amazónica en Perú y Amazon Conservation, en Washington, con el apoyo de otras organizaciones internacionales.
«Creo que lo más valioso del estudio es poner en evidencia el rol de los bosques tropicales y sobre todo la relevancia de mantener estas grandes unidades de conservación, como son las áreas Naturales Protegidas y las Reservas Territoriales Indígenas, para asegurar los reservorios de carbono», dice a SciDev.Net Sidney Novoa, director de Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías para la Conservación de la organización peruana.
Valiéndose de información disponible sobre perfiles de bosque en la Amazonia peruana en imágenes de alta resolución, con evaluaciones de campo relativas a la pérdida anual de bosques del Ministerio del Ambiente del Perú, sus autores crearon un modelo que posibilita transformar información satelital (Landsat) en biomasa por hectárea y luego en carbono.
«Desde MAAP monitoreamos la deforestación en tiempo real, e informamos a las autoridades de los casos más graves, como una estrategia para minimizar el daño», dice a SciDev.Net Matt Finer, director de esa organización.
De acuerdo con el trabajo, en la AmazonIa peruana se liberan anualmente a la atmósfera –en promedio– 12.500 millones de toneladas métricas de carbono, cifra que entre 2019 y 2020 ascendió a 16.400 millones de toneladas.
«No me sorprende el aumento, pues el ritmo de deforestación en la Amazonia peruana ha venido creciendo constantemente desde 2001», dice a SciDev.Net Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, La Molina.
Agrega que ese incremento se ha evidenciado también en la Amazonia brasileña: «En ambos casos ha tenido influencia la disminución de las medidas de control y represión debido a la pandemia», afirma el experto, que no participó en el estudio de MAAP.
«En Brasil, y especialmente en Perú, la minería ilegal ha aumentado proporcionalmente más que los usos agropecuarios, y entre éstos últimos, es notoria la expansión de cultivos ilegales de coca, que ya cubren unas 70.000 hectáreas», añade.
La investigación contabilizó 300.000 toneladas métricas de carbono emitidas a la atmósfera a causa de la deforestación de casi 2400 hectáreas de selva tropical en Tamshiyacu, Loreto, entre 2013 y 2016, por la empresa United Cacao para instalar una plantación del cultivo a gran escala.
A pesar de que en 2014 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) determinó la paralización de las actividades, la herida ambiental y social permanece abierta aún hoy, cuando la existencia de un fallo que condena a sus directivos, aún no se ha hecho efectivo, no obstante los reclamos de organizaciones indígenas y la sociedad civil.
«La deforestación relacionada con el proyecto de cacao ha terminado, pero el negocio y las plantaciones siguen activos», apunta Finer. SciDev.Net solicitó por diferentes medios un comentario de United Cacao pero no obtuvo respuesta.
El informe también relevó la pérdida de 800.000 toneladas métricas de carbono por extracción de oro en la región Madre de Dios, al sur de la Amazonia peruana.
En relación con la protección de carbono, resalta el papel benefactor ambiental de áreas protegidas como el Parque Nacional de Yaguas, el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal de Amarakaeri y las áreas de conservación regional Ampiyacu-Apayacu y Maijuna Kichwa, en Loreto, cerca de la frontera con Colombia.
Los autores sostienen que el estudio podría subestimar la degradación natural de los bosques y la tala selectiva, con lo que la cifra total de emisiones de carbono por deforestación en el área podría ser aún más alta.
Dourojeanni coincide con esa aseveración y señala que falta contabilizar «las emisiones de carbono provocadas por la degradación del bosque (extracción de madera, contaminación petrolera y minera, caza y pesca, extracción de productos no madereros) y las pérdidas de carbono almacenado en el suelo, después de quedar descubierto por la deforestación o por la minería».
A pesar de que el gobierno de Perú suscribió la declaración sobre los bosques y el uso de la Tierra en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) celebrada recientemente en Glasgow, Dourojeanni considera que las medidas allí propuestas para toda la Amazonía son tímidas.
«Sin duda, éstas llegarán tarde para evitar el colapso anunciado por otros científicos e instituciones que se desencadenaría cuando la deforestación del bioma alcance un veinte por ciento de la extensión amazónica, lo que está muy cerca de ocurrir», afirma.
Aunque cree que es posible restaurar en cierta medida el ecosistema amazónico destruido, considera que es mucho más barato preservar el bosque que aún existe, con especial atención a las áreas naturales protegidas.
Asimismo puntualiza que resulta indispensable usar bien y más intensamente la tierra ya deforestada, «tierra de la que en promedio se emplea sólo un veinte por ciento».
- Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina.
- Distribuido por la IPS
