El gobierno ecuatoriano ha decretado un Estado de Excepción para la provincia amazónica de Morona Santiago «para recuperar la seguridad ciudadana» tras los ataques de un grupo de indígenas a un campamento minero.
Según el ministro del Interior, Diego Fuentes Acosta, en la tarde del 14 de diciembre de 2016 se produjo un ataque armado por comunidades shuar al campamento minero San Carlos Panantza con el resultado de un policía fallecido y varios heridos.
La Gobernación de Morona Santiago, provincia situada en el sur oriente del país, alertó de que invasores shuar no sólo querían adueñarse de campamento EXSA, sino también tomar tierras aledañas.
Ubicado en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, provincia de Morona Santiago, el proyecto San Carlos Panantza comprende un área de 41.760 hectáreas.
Es un proyecto minero principalmente de cobre, cuya concesión pertenece a la empresa China Explorcobres S.A. (EXSA). Tendrá una vigencia aproximada de 25 años.
El Gobierno pide respetar el estado de derecho
«No vamos a permitir que se viole el estado de derecho (…) se emitirá un Estado de Excepción para la provincia de Morona Santiago para que emprendan las acciones necesarias para poder recuperar la seguridad ciudadana en esa provincia», expresó el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, en una rueda de prensa en Quito.
Un informe preliminar de las autoridades de seguridad indica que en la tarde del miércoles 14 un grupo de 80 personas disparó desde la maleza a un grupo de policías que se encontraban custodiando el campamento dando como resultado un policía muerto y siete heridos, entre ellos dos soldados.
El informe señala que los atacantes usaron incluso explosivos para irrumpir en el campamento minero.
La secretaria de la Política de Ecuador, Paola Pabón, señaló a su vez que desde el mes de octubre se mantienen diálogos con el pueblo Shuar Arutam y ratificó que no se trata de una postura generalizada, sino de un «grupo minúsculo» que no han tenido la voluntad de pensar en el interés colectivo.
El gobierno también señaló que el diálogo con las organizaciones indígenas es constante y se trabajará para judicializar a los responsables del atentado.
