El informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2016, presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), señala la persistencia de violaciones estructurales y sistemáticas por parte de los poderes públicos que no han sido corregidas tras diez años de la adopción del tratado internacional por Naciones Unidas y ocho de vigencia en España.
En el informe se examina de forma crítica el estado y la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España con arreglo al marco de exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas vigente en España desde 2008.
En dicho informe se plantean las quejas, denuncias, vulneraciones de derechos recibidas o registradas, investigaciones y también encuestas, realizadas a propia instancia de toda la información de la que se dispone y de la calidad y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
Entre los más significativos están la privación de derecho al voto, la educación segregada, la ausencia de entornos accesibles, la inexistencia de apoyos efectivos para realizar una vida independiente, la inclusión, la institucionalización forzada, etc, etc.
Asimismo, el CERMI ha reclamado al ministerio de Justicia la necesidad de crear una fiscalía especializada en discapacidad de forma que los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidad. Se ha recordado también que está sobre la mesa el debate sobre el ejercicio del derecho a voto de las personas con discapacidad visual grave o ciegas, que no vayan acompañadas de otras personas; un problema hoy todavía sin resolver.
