Irán ha llevado a cabo un total de 40 ejecuciones desde comienzos de 2014, al menos 33 de ellas sólo la semana pasada, ha informado este 17 de enero Amnistía Internacional.
“El elevado número de ejecuciones llevadas a cabo este mes en Irán es alarmante. Los intentos de las autoridades iraníes de cambiar su imagen internacional son inútiles si al mismo tiempo continúan aumentando las ejecuciones”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
La pena de muerte constituye una violación del derecho de todo ser humano a la vida y es cruel, inhumana y degradante, sostiene Amnistía Internacional, que se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción..
“Las autoridades iraníes deben tomar con urgencia medidas para abolir la pena de muerte, pues se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún efecto disuasorio especial sobre la delincuencia”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.
Desde comienzos de 2014, Amnistía Internacional ha registrado 21 ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes, así como 19 más comunicadas por fuentes fidedignas.
En la semana transcurrida desde el 9 de enero de 2014 se han llevado a cabo en Irán más ejecuciones reconocidas oficialmente que en todo el mes de enero de 2013.
El 14 de enero de 2014 tuvo lugar al menos una ejecución pública en Saveh, provincia de Markazi, en el norte de Irán; la víctima fue un hombre declarado culpable de asesinato.
En Irán, las ejecuciones públicas suelen llevarse a cabo por medio de una grúa, de la que se cuelga al condenado de una soga al cuello ante la muchedumbre de espectadores.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de todas las ejecuciones y conmuten todas las condenas de muerte. También tienen que poner fin al secreto que envuelve el uso de la pena de muerte.
La mayoría de las personas ejecutadas en Irán habían sido condenadas por presuntos delitos de drogas. Según las normas internacionales, los delitos no letales, como los relacionados con drogas, no cumplen el criterio de los “más graves delitos” a que ha de estar limitada la pena de muerte. Además, la Ley Antinarcóticos de Irán no reconoce a los condenados por delitos de drogas el derecho a interponer un recurso significativo de apelación, lo que va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por el país, en virtud de la cuales debe garantizar que toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a apelar contra la sentencia.
“En Irán, los delitos de drogas se ve en los tribunales revolucionarios, que incumplen de manera habitual las normas internacionales sobre juicios justos. Lo cierto es que en Irán se condena despiadadamente a muerte en juicios injustos, y es inaceptable que sea así”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.
Los juicios ante los tribunales revolucionarios suelen celebrarse a puerta cerrada y dejando al arbitrio de los jueces limitar el acceso de los abogados a los acusados durante las diligencias previas en algunos casos.
