En el sentido más metafórico, aquí nos apuntamos a un bombardeo; pero también en el más literal. Recuerden si no cuando el hoy “conferenciante” Aznar decidió sumarse a la intervención en Irak.
La guerra, y sus bombas, la ponían Bush, Blair, el español y un convidado de piedra portugués; y los muertos, como siempre, los poníamos nosotros, la gente de a pie, las personas “ordinarias”.
Como caso ejemplar el de José Couso, asesinado por un misil estadounidense, por “fuego amigo”, el 8 de abril de 2003, cuando desde un tanque M1 Abrams dispararon al Hotel Palestine de Bagdad, donde se encontraban la mayoría de los corresponsales y enviados especiales a la guerra. José Couso, cámara freelance que trabajaba para el canal español (y de Berlusconi) Tele 5, estaba grabando en el piso 14 del edificio cuando llegó el bombazo, y resultó gravemente herido; poco después, falleció en el hospital mientras le operaban.
Ahora, 13 años después del asesinato, tras múltiples denuncias y varios jueces instructores, y agotados todos los recursos judiciales, el Tribunal Supremo ha confirmado, el 28 de octubre de 2016, el sobreseimiento del “caso Couso”, al tiempo que califica de “lamentable la escasa colaboración” judicial prestada por la Administración estadounidense para esclarecer los hechos. También ha rechazado presentar cuestión de inconstitucionalidad contra la última reforma de la justicia universal, una más de las perlas que nos deja el primer gobierno del más que conservador Mariano Rajoy y que piensa prolongar en este segundo mandato apenas iniciado, porque ya ha explicado que se sube al sitial con todo lo anterior, y “si acaso, alguna reforma sensata” para ir dando carnaza a quienes le han votado y, sobre todo, a quienes han pasado por la vergüenza de la abstención ignominiosa. (Inútil decir que el baremo de la sensatez está en sus manos, como todo lo demás).
Lo que ha hecho el Supremo ha sido desestimar los recursos de la familia Couso y la Asociación Libre de Abogados contra el auto de la Audiencia Nacional, de 25 de noviembre de 2015, que rechazaba plantear dicha cuestión de inconstitucionalidad, así como la conclusión del sumario y el sobreseimiento de la causa. A la familia le queda todavía el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La reforma de la Ley de Justicia Universal, aprobada por el rodillo parlamentario del PP en 2014 acabó con la posibilidad de perseguir judicialmente en España delitos internacionales, como crímenes de guerra cometidos contra españoles en el extranjero, que es justamente el caso de José Couso cuya familia –madre, mujer, hijos, hermanos-, a través del portavoz David Couso, se ha mostrado “sorprendida de que la noticia del sobreseimiento llegue justamente el día de la investidura del presidente Rajoy”. Yo también me sorprendo, como me sorprendo cada día con los acontecimientos impagables que nos sirve la actualidad patria, y con las idas y venidas de algunos colegas.
La modificación de la Ley se llevó a cabo ignorando las voces autorizadas que denunciaban una vulneración de las convenciones Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario. En las filtraciones de documentos diplomáticos de Estados Unidos, publicada en el portal de Wikileaks a partir del 28 de noviembre de 2010, aparecen cables de la embajada estadounidense en Madrid que revelan las presiones del entonces embajador, Eduardo Aguirre, sobre la investigación del asesinato de José Couso. Hasta la fecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que los tribunales españoles carecen de jurisdicción por tratarse de un acto de guerra llevado a cabo en territorio iraquí. Como respuesta a una Comisión Rogatoria enviada por el juez Santiago Pedraz, la Admistración Obama respondió con una investigación interna efectuada por la Jurisdicción militar que confirmaba la muerte de Couso como consecuencia del disparo del carro de combate pero no apreciaba responsabilidad penal alguna en quienes actuaron dentro del vehículo. A pesar de haber tres militares estadounidenses procesados, la nueva legislación española vino a dar carpetazo al proceso. Carpetazo que ahora es casi definitivo.
En diciembre de 2010, Javier Couso denunció ante la Fiscalía de Madrid a los miembros del gobierno, la fiscalía y la judicatura que, a la vista de los documentos filtrados, maniobraron para que no prosperaran las demandas de investigación y las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional, lo que le parecía “ser indicativo de la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración y alto cargos españoles, por una parte, y funcionarios de una e extranjera, por otra”. Denuncia que, como no podía esperarse otra cosa, fue archivada “por carecer de fundamento”. El “fundamento” también es algo que depende de quién lo aprecie.
Trece años después del asesinato de José Couso, la familia mantiene alto el pabellón y se empeña en un nuevo recurso mientras los compañeros y amigos no han dejado de concentrarse para protestar ante la Embajada de EEUU en cada triste aniversario.
