La asociación Jueces para la Democracia (JpD) entiende que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) habilitados por las autoridades de España son una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular, por lo que consideran que el internamiento de tales personas debe desaparecer a corto plazo.
Después de conocerse los hechos en el CIE de Aluche (Madrid) en la noche del 19 de octubre de 2016, en la que 39 personas internas en el Centro han permanecido en la azotea pidiendo a gritos “libertad y dignidad”, y hasta que ello no se materialice, JpD exige al gobierno que proceda a una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los CIES, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas.
JpD informa de que en los CIES ingresan a personas extranjeras, por un máximo de 60 días, como paso previo a su expulsión. Sin embargo, aproximadamente más de la mitad de las expulsiones planeadas no llega a materializarse, lo que pone en duda, de entrada, la idoneidad de tan gravosa medida.
«Debemos recordar, dice JpD, que en los CIES son retenidas personas que no han cometido delito alguno, y que, sin embargo, son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente».
Añade que en el año 2014, fue finalmente aprobado el Reglamento de Funcionamiento de los CIES, recibiendo de inmediato numerosas críticas, y siendo, de hecho, anulados cuatro de sus artículos más polémicos por el TS.
Las esperanzas suscitadas, en todo caso, porque el mencionado Reglamento significara un cambio de la gestión, pasando de un modelo securitario a uno social, se han visto truncadas, agrega la asociación, porque las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG, y organizaciones juristas, y sociales, así como las efectuadas por las propias personas internas, ponen de manifiesto que los CIES se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales.
A pesar de la más que valiente y necesaria actuación que han desarrollado en estos años los jueces encargados de su control, perviven las deficiencias estructurales, caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y o educativas, concluye JpD.
Consideran preciso por ello avanzar en un paso previo: los criterios para solicitar el internamiento. Es importante el dictado de la Circular 6/ 14 de la DGP, que insiste en atender a la situación integral de la persona para evitar situaciones de riesgo, como muchas que se han sucedido, concreta la asociación.
