Los atentados perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016, que han causado la muerte a más de 30 personas y han provocado heridas a más de 200, motivan un comunicado de la asociación española Jueces para la Democracia en el que consideran que las respuestas a las amenazas terroristas deben articularse desde los principios del Estado de Derecho, sin que resulte aceptable un discurso institucional de carácter bélico que pretenda la limitación de las libertades con el argumento de que resulta necesaria para reforzar la seguridad.
«Nuestras sociedades pueden actuar con eficacia contra el terror yihadista sin debilitar nuestro sistema de derechos, como se ha demostrado en nuestro país en el pasado», sostiene JdD.
La Asociación rechaza cualquier discurso social que aliente la islamofobia, pues «resulta inadmisible, injusta y manipuladora la equiparación entre la comunidad musulmana y el fanatismo islamista». Además, señala que los países europeos deberían reflexionar sobre una respuesta global a todas las violaciones de derechos que se están produciendo tanto en nuestro territorio como en el mundo árabe, pues las conexiones resultan visibles y también la falta de actuación adecuada ante todos estos problemas.
En este sentido, sostiene la Asociación, el papel de la Unión Europea ante los conflictos bélicos que están afectando al mundo islámico y ante la crisis de las personas refugiadas no resulta ajustado a las normas de derecho internacional: «Resulta evidente la responsabilidad europea por acción o por omisión en las guerras que afectan a los países árabes; y esta situación contrasta con la grave irresponsabilidad que supone cerrar la puerta a las personas que legítimamente huyen de los horrores de estas contiendas para buscar refugio. La solución a todos estos problemas, entre ellos las atrocidades del terrorismo, requiere de cambios sustanciales en la actuación de las instituciones europeas».
Jueces para la Democracia considera que «estos asesinatos irracionales pretenden alterar los valores más valiosos de nuestra civilización y provocar reacciones que agudicen los conflictos existentes».
Por ello, concluye, no resultan admisibles retrocesos en materia de derechos y libertades. Al contrario, las respuestas deben profundizar en los mecanismos de integración social, desde el respeto a la pluralidad cultural, religiosa y de origen nacional. La Europa de los derechos humanos debe volver a tomar la iniciativa para buscar soluciones justas a todos estos problemas.
