El presidente del gobierno de España ha anunciado en el parlamento diversas medidas contra la corrupción que, analizadas, son claramente insuficientes, no tienen una concreción adecuada y no se ajustan a la gravedad de la situación actual, que fue minimizada de manera muy desafortunada por Mariano Rajoy, señala Jueces para la Democracia (JpD).
Ante las enormes carencias del sistema judicial para poder actuar con eficacia contra la corrupción, sorprenden especialmente las medidas que ha ido anunciado Rajoy, sostiene Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
Explica que hace poco aseguró que se habían creado 282 nuevas plazas judiciales contra la corrupción, cuando la realidad es que simplemente se había regularizado la situación de jueces en expectativa de destino, que prestaban sus servicios mayoritariamente en la jurisdicción civil, laboral y administrativa, que es donde siguen desempeñando sus funciones, y ahora en el parlamento ha anunciado como gran novedad que se crearán 100 plazas de jueces, pero la realidad es que esta medida ya estaba aprobada en los presupuestos de 2015 y no tiene nada que ver con la corrupción.
Según JpD, con esas mínimas plazas ni siquiera se llega a cubrir la reposición de las jubilaciones, incapacidades o fallecimientos de magistrados, en un sistema judicial que se encuentra al borde del colapso, con cerca de la mitad de los juzgados trabajando a más del 150 % de la carga de trabajo prevista.
Agrega que se trata de medidas que en ningún caso mejoran la actuación judicial contra la corrupción y por ello el presidente del gobierno, al hacer estos anuncios no tiene la menor credibilidad: «desde Jueces para la Democracia reclamamos más rigor en las propuestas contra un fenómeno que está deteriorando muy seriamente nuestras instituciones, y especialmente valoramos que no existe voluntad política de actuar con firmeza contra la corrupción».
La alternativa sería un importante incremento de los medios judiciales para que se pueda actuar contra las prácticas corruptas, y también más peritos especializados, más policía experimentada en la materia y más recursos para la Fiscalía Anticorrupción. También resultan necesarias reformas procesales para agilizar los procedimientos, desde el respeto a las garantías de los imputados: «por desgracia, en nuestro país los corruptos cuentan con más medios para eludir la acción de la Justicia de los que tiene nuestro sistema judicial para perseguirles». reflexiona JpD.
Además, deben adoptarse medidas para acabar con la enorme discrecionalidad de las administraciones en materia de contratos y adjudicaciones públicas, que es el caldo de cultivo habitual donde se genera la corrupción. Y tendrían que reforzarse los medios independientes de control internos y externos de las administraciones, en detrimento de la proliferación de asesores de confianza de los partidos políticos.
En conjunto, concluye la asociación de jueces, «las medidas anunciadas por el presidente del gobierno no tienen apenas relevancia, ni van a suponer cambios efectivos en la lucha contra la corrupción. Si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción en nuestros tribunales es porque nuestro sistema institucional ha facilitado estas prácticas. Y la situación seguirá igual si no se adoptan medidas eficaces contra este grave problema».
