El gobierno español incumple directrices internacionales
Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno español han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes.
En un nuevo informe titulado La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, Amnistía Internacional expone los riesgos en materia de derechos humanos asociados a la austeridad. El informe concluye que el gobierno español aplicó medidas de austeridad de una manera que no era conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Las personas más vulnerables pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara. El afán del gobierno español por recortar costes ha deteriorado la vida tanto de los y las pacientes como del personal sanitario”, ha manifestado Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.
“Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no sólo son regresivos: son crueles”.
El gobierno español empezó a recortar el gasto en atención sanitaria en 2009, tras la crisis económica mundial. Las medidas de austeridad —en especial las introducidas mediante el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16/2012)— incluían trasladar el coste de determinados productos a usuarios y usuarias, limitar la atención sanitaria a disposición de las personas migrantes en situación irregular, y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura.
Amnistía Internacional habló con 243 personas en Andalucía y Galicia. Entre ellas había personas usuarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), personal sanitario y personas expertas en salud pública. En el informe, la organización destaca el desproporcionado impacto que las medidas de austeridad implantadas en el sistema sanitario público español han tenido sobre las personas con ingresos más bajos, especialmente las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental.
Un médico dijo a Amnistía Internacional que las medidas de austeridad “afectaban a la atención sanitaria de las personas más vulnerables y de las que corrían más riesgo. Es una crueldad casi insoportable”.
Aumento de las cargas económicas
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional muestra que, desde que se introdujeron las medidas de austeridad, muchas personas con enfermedades crónicas han tenido problemas para costearse medicamentos que antes eran gratuitos. Aunque las sumas en cuestión pueden no parecer altas, para las personas con rentas bajas pueden resultar devastadoras.
Amnistía Internacional habló con más de un centenar de personas usuarias del SNS y con sus familias y las personas que las atienden. Unas contaron que ahora dependen de sus familiares para pagar su atención sanitaria, y otras dijeron que se habían visto obligadas a elegir qué medicamentos necesitaban más.
C, una mujer de 65 años con varios problemas de salud, incluido cáncer de mama con metástasis pulmonar, dos reemplazos de rodilla y dos reemplazos de cadera, contó que en ocasiones raciona las pastillas que ha comprado para el mes con el fin de poder permitirse los sujetadores especiales que necesita para su prótesis mamaria.
V, un hombre con discapacidad física, describió que a veces elige comprar medicamentos en lugar de comida. “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas”.
Profesionales de la salud en tensión
El gasto en personal sanitario se ha reducido desde que comenzó la crisis económica, lo que ha provocado salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros. Esto ha contribuido a que el servicio de salud emplee a menos personal: según datos oficiales, el número de trabajadores y trabajadoras del SNS disminuyó en 28.500 entre 2012 y 2014.
Un enfermero contó a Amnistía Internacional: “Sabemos de muchos casos de enfermeros y enfermeras que han dejado su trabajo por el estrés. Muchos atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible”.
Varios trabajadores y trabajadoras de la salud dijeron también que estaban sometidos a una presión cada vez mayor para cumplir los complementos económicos que limitan, por ejemplo, la cantidad de tiempo que deben dedicar a cada paciente. Un paciente contó que su médico le había dicho: “Le tengo que recetar un medicamento caro, pero me van a llamar la atención por ello”.
“A todos los trabajadores y trabajadoras de la salud con los que hablamos les preocupaba no poder hacer más por sus pacientes. El agotamiento, los complementos económicos de rendimiento y una carga de trabajo insostenible están afectando a la capacidad del personal sanitario de proporcionar la mejor atención posible. Se sienten impotentes, explotados y desilusionados con el sistema”, ha manifestado Sanhita Ambast.
Listas de espera
El incremento del tiempo de espera para acceder a la atención sanitaria fue un tema clave que surgió en todas las entrevistas, ya fueran las mantenidas con personas expertas, con personal sanitario o con usuarios y usuarias del sistema de salud. En 2010, el tiempo medio de espera para cirugía electiva era de 65 días; en 2016 casi se había duplicado, hasta los 115 días.
M, mujer de 49 años que sufre una enfermedad ósea degenerativa, acudió al médico con dolor en la pierna en agosto de 2017. La primera cita disponible con un especialista era en junio de 2018, por lo que M tenía que depender de los analgésicos y estaba cada vez más nerviosa por su problema.
Los servicios de salud mental también se han visto muy afectados por las medidas de austeridad, en un momento en que el desempleo y los desahucios, factores de riesgo para la salud mental, han aumentado fuertemente. Las personas que reciben atención de salud mental a través del SNS explicaron a Amnistía Internacional que sus síntomas y problemas no se abordaban durante largos periodos a causa de las largas listas de espera, lo que a menudo agravaba su angustia.
El deterioro de la calidad de la atención sanitaria
Varios profesionales de la salud y personas usuarias del sistema sanitario se quejaron también de que la calidad del material médico se había deteriorado desde la crisis. Por ejemplo, el personal de enfermería dijo que la calidad inferior de las agujas para las pruebas de diabetes hacían que esta prueba resultara más dolorosa para los pacientes. Amnistía Internacional también entrevistó a personas usuarias de silla de ruedas y a profesionales de la salud que afirmaron que la calidad de las sillas había empeorado después de la crisis.
Una mujer, B, dijo que a menudo le salían úlceras porque el cojín de su silla de ruedas estaba desgastado y no lo podía cambiar, y una doctora expresó preocupación por la eficacia de los frenos de las sillas de ruedas que se proporcionan actualmente.
Casi todos los trabajadores y trabajadoras de la salud con los que habló Amnistía Internacional confirmaron que el tiempo de consulta por paciente había disminuido. Un hombre que recibía atención de salud mental y orientación desde hacía muchos años, afirmó: “Antes [mi psicólogo] me dedicaba más tiempo. Ahora son sólo cinco minutos. En la última cita salí sintiéndome exactamente igual que como había entrado”.
Dados los riesgos para los derechos humanos asociados a la austeridad, los órganos internacionales de derechos humanos han elaborado unas directrices para garantizar que las medidas de austeridad son conformes con las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados.
El gobierno español incumple directrices internacionales
Amnistía Internacional concluyó que el gobierno español había incumplido estas directrices internacionales de una serie de maneras, entre ellas:
- No se había realizado una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de aplicar las medidas de austeridad, y los niveles de participación y consulta respecto a la elaboración y aplicación de estas medidas eran inadecuados.
- Las medidas de austeridad afectan desproporcionadamente a los grupos marginados.
- No se agotaron todas las alternativas. Muchos de los cambios introducidos en el sistema de salud, especialmente el RDL 16/2012, continúan en vigor años después, a pesar de las directrices que establecen que las medidas de austeridad debían ser temporales.
Amnistía Internacional pide al gobierno español que tome medidas inmediatas para reformar el RDL 16/2012 y para garantizar que todas las personas tienen acceso a una atención sanitaria de buena calidad. Esto debe incluir el establecimiento de salvaguardias que garanticen que los grupos vulnerables no se ven desfavorecidos, y la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario.
“El gobierno debe además realizar urgentemente una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos, con el fin de determinar de qué manera han afectado las medidas de austeridad al derecho a la salud. Una recesión no justifica que se pisoteen los derechos de las personas.”
La responsabilidad de la Unión Europea
Este mismo mes, un órgano experto de la ONU concluyó también que las medidas de austeridad adoptadas por España tenían un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, y que algunas medidas de austeridad siguen afectando desproporcionadamente a las personas y grupos más desfavorecidos y marginados del país.
Amnistía Internacional señala que las instituciones de la UE siguieron formulando recomendaciones a España para que redujera su déficit presupuestario, sabiendo que esto se estaba implementando a través de recortes en el gasto público en salud. En algunos casos se formularon recomendaciones específicas respecto a la manera de conseguir “mayor rentabilidad” en el gasto público en sanidad.
Las instituciones de la UE, o bien guiaron al gobierno español hacia políticas incompatibles con la obligación de España de hacer realidad el derecho a la salud, o bien no hicieron lo suficiente para mitigar su posible impacto sobre los derechos humanos. A la luz de todo esto, Amnistía Internacional pide también a las instituciones de la UE que hagan evaluaciones del impacto que sobre los derechos humanos tienen todos los programas de reforma económica y asistencia financiera en España.
