La detención del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil, pone fin a la era de los militares que se suponen los mejores conductores de la nación, con legitimidad incluso para gobernar dictatorialmente Brasil, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
El sargento Guilherme do Rosario, destrozado por la bomba que estalló en sus manos e hirió al capitán Wilson Machado, a su lado, dentro de un automóvil el 30 de abril de 1981, simboliza el drama militar de los brasileños.
Los dos formaban parte del sector castrense inconforme con la redemocratización del país, que ejecutó varios actos terroristas en un intento de impedir la vuelta de los civiles al gobierno.
Bombas en quioscos de venta de publicaciones y en las sedes de diarios y instituciones del periodismo buscaban desde 1978 generar un clima que justificaría la continuación de la dictadura militar inaugurada por un golpe de Estado en 1964.
Una carta-bomba enviada a la Orden de Abogados de Brasil mató la secretaria Lyda Monteiro el 27 de agosto de 1980.
La bomba que estalló en el regazo del sargento, en el Riocentro, un gran centro de conferencias y exposiciones en el oeste de Río de Janeiro, buscaba aterrorizar más de diez mil participantes en un espectáculo musical que celebraba el Primero de Mayo de 1981.
El atentado, que incluía varias bombas, provocaría pánico y probablemente muchos muertos por las explosiones y las huidas masivas. Falló por la necedad, que volvió a repetirse en el intento de golpe en diciembre de 2022, cuya investigación por la Policía Federal ha llevado ahora a prisión preventiva al general Braga Netto y otros seis militares.
Ante los tribunales civiles
La policía enjuició cuarenta personas por la conspiración que buscó impedir la toma de posesión del nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y que contemplaba incluso su asesinato, así como el del vicepresidente Geraldo Alckmin y del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, un juez del Tribunal Supremo.
Entre los cuarenta procesados está el expresidente Jair Bolsonaro y veintisiete militares, incluso otro general, pero de tres estrellas, un rango inferior al de Braga Netto, quien es el primer general de cuatro estrellas, la cima en la jerarquía del Ejército.
La detención de tantos militares, especialmente de generales, pone fin a una regla no escrita pero siempre vigente en Brasil, la impunidad de los oficiales de alto rango. Sus delitos eran juzgados por el Supremo Tribunal Militar (STM), una corte corporativa que casi siempre absolvía a los acusados.
El capitán Wilson Machado, quien tuvo un brazo destrozado y el vientre abierto por la bomba en 1981, fue absuelto en una investigación del mismo Ejército y considerado, por increíble que parezca, víctima de un supuesto atentado izquierdista.
Incluso siguió su carrera en el Ejército y ascendió a coronel. En 1999 se reabrió el proceso, por el evidente absurdo de las primeras conclusiones de la investigación militar, pero el STM terminó por no juzgarlo, concediéndole el beneficio de la Ley de Amnistía de 1979, aunque su delito se había producido dos años después.
Triunfo de un defensor de la dictadura
El triunfo electoral que alzó al ultraderechista Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, a la presidencia de Brasil de 2019 a 2022, condujo al poder la misma corriente castrense que rechazaba el fin de la dictadura y la normalización democrática que ocurrió en 1985, cuando un civil volvió a presidir la nación, y se consolidó con la aprobación de una nueva constitución en 1988.
Bolsonaro, por años un gris diputado nacional, triunfó con un discurso de redención de la dictadura, que pasó a ser electoralmente fuerte con el ascenso de la extrema derecha en Brasil. Las redes digitales permitieron a los ultraconservadores articularse en un movimiento nacional y reconocerse como una supuesta mayoría.
Hay una aparente contradicción entre el apoyo a la democracia, manifestado por más del setenta por ciento de los brasileños en todas las encuestas, y el voto a candidatos que no ocultan su visión dictatorial. No molesta a los bolsonaristas que se creen demócratas, pese al discurso extremo y autoritario de su líder.
Sus creencias se basan en buena parte en la memoria de la gestión militar que condujo al «milagro económico» de 1969 a 1973, con un crecimiento anual de más del once por ciento que siguió en toda la década de los años setenta, aunque con menos fuerza.
Además durante la dictadura se produjo la industrialización y la urbanización que representaron un ascenso social para decenas de millones de brasileños.
Los grandes escándalos de corrupción desde 2005 y la recesión económica de 2015-2016, que acumuló una caída de 7,2 por ciento en el producto interno bruto (PIB), completaron el cuadro que favoreció el triunfo de Bolsonaro por 55,1 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta electoral de octubre de 2018.
Los dos episodios menoscabaron la confianza en el proceso democrático inaugurado en 1985, especialmente en la izquierda representada por el Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó el país de 2003 a 2016 y ha vuelto al poder el primer día de 2023 con Lula.
Incompatibilidades institucionales
Pero eran previsibles los desaciertos de un gobierno autoritario, encabezado por militares de convicciones fundadas en el pasado, en el contexto de una nueva institucionalidad, democrática e inclusiva.
Eso se hizo evidente en la desastrosa gestión de la pandemia de la COVID-19 por el gobierno nacional, en confrontación con los gobiernos de los estados y la ciencia. Bolsonaro boicoteó las medidas de prevención, como aislamiento, el uso de mascarillas y la vacunación. Recomendaba medicamentos ineficaces, como los usados contra la malaria.
No logró reelegirse en octubre de 2022. Lula lo derrotó por una pequeña ventaja, aunque había sido tildado de corrupto y estuvo preso durante 580 días entre 2018 y 2019.
Liberado por el Supremo Tribunal Federal, que anuló su condena por corrupción a causa de irregularidades en el juicio, Lula, fundador y líder del PT, obtuvo la presidencia por tercera vez. Había triunfado en las elecciones de 2002 y 2006.
Pero la extrema derecha y, ahora se va confirmado con pruebas, muchos militares no admitieron la derrota de Bolsonaro e intentaron un golpe en diciembre de 2022. La Policía Federal detuvo a cinco participantes en los planes de asesinar a Lula, Akcmin y Moraes. Cuatro de ellos eran militares y el otro un policía.
Las nuevas investigaciones llevaron a la detención del general Braga Netto, quien además de ministro fue el candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, y destacan indicios de que fue el coordinador del intento de golpe.
Su encarcelamiento tiene el carácter simbólico de someter los generales a la justicia civil y clausurar un ciclo de intervenciones militares en la política brasileña. El gobierno de Bolsonaro fue un intento de darle una sobrevida a la dictadura, formalmente clausurada en 1985.
Existe la creencia de que los militares siguieron fuertes en la política porque, a diferencia de Argentina y Chile, los responsables de la dictadura militar no fueron sometidos a un juicio y condenados. Pero en realidad es al revés, no fueron juzgados porque eran fuertes, aunque aparentemente desacreditados al final del régimen de los generales.
Las fuerzas armadas siempre fueron una de las instituciones que disfrutan de la mayor confianza entre los brasileños. Con el surgimiento de la extrema derecha liderada por Bolsonaro, quedó evidente que tenían una amplia opinión favorable en la población brasileña que se mantenía embozada dentro del proceso de redemocratización de las últimas cuatro décadas.
Por eso fueron la columna central de ese renacimiento de la ultraderecha, al propiciarles unidad y un sentido nacional. Pero con la participación en el gobierno de Bolsonaro y con el intento de golpe de 2022, los militares se dividieron entre los llamados «legalistas» y los golpistas.
Además perdieron la confianza de los bolsonaristas al no responder a la llamada de los que invadieron y destrozaron las sedes de los Tres Poderes democráticos en Brasilia, el 8 de enero de 2023, en una acción dirigida a provocar la «intervención militar».
Hoy los comandantes de las fuerzas armadas, que buscan descontaminar sus efectivos de la politización, son llamados «sandias», es decir verdes por fuera y rojos por dentro, o «traidores» por los activistas.
La extrema derecha tendrá que buscar ahora su futuro sin el cimiento militar, tarea difícil en Brasil. Más cuando el Tribunal Superior Electoral inhabilitó Bolsonaro para disputar elecciones hasta 2030 por delitos electorales.
Y los militares necesitarán un largo tiempo para recuperar su imagen y la confianza nacional.
