La Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclama a las autoridades iraníes que abandonen una iniciativa aprobada en sus líneas generales el dieciséis de agosto. El texto castigaría con penas de entre seis meses y dos años las entrevistas con medios estadounidenses, israelíes o financiados por ambos países.
El Parlamento de Irán respaldó el marco general del proyecto con 183 votos de una cámara integrada por 290 diputados. La votación no completa la tramitación de la norma, cuyo contenido todavía debe someterse a nuevos debates parlamentarios.
Según el comunicado de la FIP, la iniciativa pretende combatir la denominada «influencia extranjera» y abarca las relaciones con medios de comunicación, organizaciones, asociaciones profesionales y ciudadanos de otros países. También introduce restricciones en ámbitos como la actividad económica, la cooperación científica y la formación internacional.
La federación sitúa el proyecto en el contexto del conflicto abierto tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de 2026.
Qué prohíbe el proyecto iraní contra medios extranjeros
La propuesta tipifica como delito conceder entrevistas, participar en debates o mantener otras formas de comunicación con medios que las autoridades iraníes consideren «hostiles». Esta categoría comprende a los medios radicados o financiados en Estados Unidos e Israel.
El texto también obligaría a comunicar previamente a las autoridades las entrevistas con otros medios extranjeros. Además, penalizaría el envío de fotografías, vídeos, grabaciones de audio e informaciones a medios o personas vinculadas a actividades informativas fuera de Irán.
Las restricciones se extenderían al suministro de información a personas y organizaciones no iraníes, la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales, los contactos internacionales y determinadas actividades formativas.
Las infracciones podrían acarrear penas de prisión de entre seis meses y dos años. La documentación difundida por la FIP señala asimismo posibles sanciones penales y prohibiciones profesionales relacionadas con películas, documentales, libros y otros materiales culturales, aunque no detalla en qué supuestos se aplicarían.
La FIP alerta del deterioro del derecho a la información
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, considera que la iniciativa pretende restringir todavía más la libertad de expresión y controlar la difusión de noticias.
«Restringir la interacción con los medios internacionales silenciaría aún más al pueblo iraní», advirtió Bellanger. La federación sostiene que la medida agravaría el aislamiento informativo del país y reclama a las autoridades que cesen la intimidación de periodistas y fuentes.
La organización recuerda, además, que profesionales iraníes permanecen encarcelados por ejercer su trabajo. El comunicado no aporta en este caso sus nombres, el número de afectados ni detalles sobre los procedimientos judiciales.
La advertencia se suma a anteriores denuncias sobre las dificultades para informar desde el país. En enero de 2026, Periodistas en Español recogió las alertas de la FIP sobre los apagones de Internet y la censura informativa en Irán durante las protestas sociales.
Una tramitación todavía abierta
La FIP precisa que el contenido definitivo de la iniciativa puede cambiar durante su debate parlamentario. Una vez aprobado el articulado final, el proyecto deberá remitirse al Consejo de Guardianes para su revisión.
Si este órgano valida el texto, la firma del presidente permitiría su entrada en vigor. Por tanto, las restricciones denunciadas todavía no constituyen una ley vigente.
La documentación consultada no incorpora una respuesta del Parlamento o del Gobierno iraní a las críticas formuladas por la federación.
