Una exabogada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Haley Van Erem, presentó el martes 18 una denuncia formal alegando que las investigaciones del Gobierno de Donald Trump sobre antisemitismo en las universidades de Harvard, Brown y Columbia tenían conclusiones «predeterminadas, sin atención a las pruebas».
Van Erem, con casi una década en el cargo, dejó el departamento en mayo de 2025 por no querer seguir participando en lo que describió como pesquisas «motivadas políticamente».
El Departamento de Justicia niega que Van Erem trabajara en esas investigaciones y defiende su integridad. La denuncia, presentada ante dos inspectores generales y la Oficina de Consejo Especial, llega tras acuerdos económicos de Brown (50 millones de dólares) y Columbia (200 millones) con la Administración, ninguno acompañado de una conclusión formal de infracción.
El caso ilustra la distinción que este Observatorio mantiene entre dos planos distintos de resistencia: la denuncia de una funcionaria de carrera sin filiación partidista, y la respuesta del representante demócrata Jamie Raskin, quien exige a la responsable de Derechos Civiles del departamento, Harmeet Dhillon, que comparezca ante el Congreso.
De cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el episodio pone a prueba la confianza de los votantes independientes en la imparcialidad de las instituciones federales de derechos civiles.
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